Seis días después que 6 marinos de las Fuerzas Armadas de El Salvador violaran a una niña de 13 años en la playa Mizata, La Libertad, el presidente de la República se pronunció.
El pasado lunes, el Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP), hizo la denuncia, mientras que las autoridades habían guardado silencio sobre el hecho.
Fue hasta el martes que el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, aceptó la barrabasada que marinos del cuerpo al que pertenece habían participado en la violación de una menor de 13 años de edad y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondieran por lo cargos que se les atribuye.
El caso provocó atención mediática y esto obligó a las autoridades a tomar posición oficial, a pesar que ignoraron el hecho los primeros tres días luego de lo sucedido.
Hasta el jueves el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, involucrados en un caso de abuso sexual, serán juzgados sin importar sus cargos.
Nayib Bukele anunció que los seis militares acusados de haber participado en una violación contra una menor “serán castigados con todo el peso de la ley”, sin importar quiénes sean. El mensaje del mandatario fue publicado a la par de la medida dispuesta por la Fiscalía General de la República (FGR), quien presentó el jueves la denuncia formal contra los miembros de la Fuerza Armada.
“El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica, pero como en toda sociedad, aún hay sujetos que piensan que pueden cometer delitos y no enfrentar las consecuencias”, señaló Bukele. Los sujetos que serán procesados penalmente por los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual. «Impunidad 0, esa es la meta», agregó el presidente.
Los acusados fueron identificados como Héctor Alvarado, quien “es el autor directo de los hechos”, mientras que René Escobar, Hilario Flores, Vicente Gómez, Edgardo Pintín y Eder Salazar “son cómplices necesarios” y se les sumarán los delitos de lesiones y amenazas con agravación especial.
El abuso se registró el 23 de septiembre, cuando una patrulla de soldados retuvo a la menor de edad y otras personas para revisarlas. Posteriormente, el sargento se llevó a la víctima aparte, “mientras los otros mantenían sometidos a los otros tres jóvenes”, a quienes amenazaron con aplicarles el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.