Nayib Bukele anunció el miércoles que fue padre por segunda vez. En un posteo a través de su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario de 42 años comunicó que su segunda hija, Aminah, nació en la madrugada del miércoles. Bukele se convirtió en padre en 2019 con el nacimiento de Layla.
“Gabriela, Layla y yo queremos compartir con ustedes que nuestra hija, Aminah, nació este día a las 4.44 am”, escribió.
La noticia llega en plena carrera para las elecciones presidenciales de 2024, en las que Bukele busca la reelección a pesar de que esté prohibida por la Constitución salvadoreña. Dos abogados, un ciudadano y otro partido político pidieron el martes al Tribunal Supremo Electoral que anule la candidatura del mandatario.
Horas antes del vencimiento del plazo para presentar recursos, el líder del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer, y su candidato presidencial, Luis Parada, solicitaron la anulación de la inscripción aprobada el 3 de noviembre por la autoridad electoral.
El lunes, también el conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pidió anular la inscripción.
Además, los abogados Salvador Enrique Anaya y José Marinero insistieron en que la resolución de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó la reelección presidencial, no es válida porque fue emitida por magistrados ilegítimos nombrados mediante una ley promovida por Bukele en 2021, luego de la destitución de sus antecesores.
“Ya sabemos de la existencia de una espuria resolución de los usurpadores de la Sala de lo Constitucional y el tribunal no quiso entrar al fondo del asunto, sino que prácticamente se lava las manos y como Poncio Pilato dice ´estoy cumpliendo una resolución´”, indicó Anaya.
Agregó que la candidatura de Bukele “es inhábil, es inconstitucional” y que “al menos siete disposiciones constitucionales señalan que está prohibida la reelección presidencial inmediata”
Cuatro de cinco magistrados de rector electoral reiteraron el lunes que obedecerán esa resolución de la Corte Suprema. Dos de ellos argumentaron en sus votos emitidos el 1° de noviembre que la reelección presidencial está permitida por el artículo 152 de la Constitución.
Dicho artículo señala en su primer punto que “no podrán ser candidatos a Presidente de la República el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
Aún así, en sus escritos para fundamentar la resolución, la presidenta del tribunal electoral, la magistrada Dora Martínez, manifestó que los artículos de la Carta Magna que prohíben la reelección se aplican en intentos por prolongar el periodo presidencial sin elecciones libres o por gobernar un tercer periodo (algo que no está mencionado en el texto).
La aspiración de Bukele para la reelección no ha sido objeto hasta ahora de pronunciamientos por representantes del gobierno de los Estados Unidos o de la Unión Europea que visitaron El Salvador hace dos semanas.
Después de casi cinco años de gobierno, Bukele mantiene su alta popularidad: el 70,8 % de la población dijo que está haciendo “bien las cosas” a su cuarto año de gobierno pese a que este respaldo era del 98 % en sus primeros 100 días.
Bukele debe pedir permiso seis meses antes de finalizar su periodo para participar en la contienda presidencial, según dos de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral sobre el procedimiento establecido por la Sala de lo Constitucional para la reelección inmediata.
En reemplazo del mandatario, Bukele debe proponer una terna al Congreso con posibles designados presidenciales. El primero de ellos, asumiría la Presidencia durante ese periodo de seis meses. “Seguramente, este proceso lo vamos a hacer en la última plenaria de noviembre”, dijo el martes el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a periodistas.
“La Constitución no habla nada de pedir permiso ni nada, se está copiando lo que hizo el general brigadier Maximiliano Hernández Martínez en 1935; él también pidió permiso y dejó la Presidencia en depósito en otro militar y después lo eligieron a él”, expresó, por su parte, Anaya.
Aunque creen que el tribunal podría rechazar su demanda de nulidad, los abogados creen que “quedará al menos registro escrito del papel de complicidad que el tribunal decidió cumplir con el proyecto dictatorial y de cómo decidieron apartarse de su mandato constitucional”, respondió Marinero.
A la lista de los demandantes de nulidad de la candidatura de Bukele se unió el activista y estudiante Enrique López. “Quizá sea tirar agua en un cántaro roto, pero la historia no me juzgará como a otros”, expresó.
Régimen de excepción
La noche del martes, la Asamblea Legislativa aprobó la vigésima prórroga del régimen de excepción, el cual ha estado vigente durante 591 días consecutivos aunque la Constitución indica que no excederá de 30 días, prorrogables mediante un nuevo decreto.
En 19 meses, la medida, que permite detenciones sin orden judicial, suma más de 73.800 presuntos pandilleros detenidos. Las cifras policiales publicadas en X muestran una disminución en el promedio diario de homicidios de 3,3 en 2021 a 1,6 en 2022 y 0,5 hasta el 31 de octubre de 2023.
Diferentes encuestas de universidades establecen que en promedio 9 de cada 10 salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción.
Para la diputada Marleni Funes, del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el régimen de excepción tiene fallas “como captura de inocentes y los abusos de parte de elementos del cuerpo de seguridad”.
Según el decreto, el régimen debe seguir en virtud de que la “amenaza sigue presente” y para dar continuidad al “restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”.
La política de mano dura del gobierno de Bukele, sin embargo, ha sido rechazada recurrentemente por organizaciones de derechos humanos. Hasta el 31 de octubre, registraron 3496 denuncias de violaciones a derechos humanos, el fallecimiento de 191 bajo custodia del gobierno y 370 denuncias de torturas.
La organización Socorro Jurídico calcula, basándose en fuentes internas de la Policía e inferencias con versiones de personas liberadas, que los capturados sin vínculo con pandillas podrían ser 20.000. Oficialmente el gobierno ha informado de 7.000 personas liberadas en el régimen de excepción.
La vigésima prórroga, que expira el 12 de diciembre, mantendrá la suspensión a los derechos a información sobre el motivo de una detención y a recibir asistencia de defensor en los términos que establece la ley, al límite de 72 horas de detención administrativa y la necesaria autorización judicial para la intervención en las telecomunicaciones.