El presidente Nayib Bukele aseguró el lunes que antes de su política de seguridad el país no vivía en democracia, sino bajo lo que calificó como “una dictadura, la de las pandillas”, una afirmación que resume la narrativa oficial con la que el Gobierno defiende el régimen de excepción que se mantiene vigente desde marzo de 2022.
El mandatario sostuvo que durante décadas amplios territorios estuvieron controlados por estructuras criminales que imponían reglas, extorsiones y castigos, limitando la libertad de circulación, el comercio y la vida cotidiana de millones de salvadoreños. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo presenta la ofensiva estatal contra las pandillas como una “recuperación del control del Estado” y una liberación de comunidades que, según Bukele, vivían sometidas al miedo.
La declaración del mandatario salvadoreño tuvo lugar durante un evento nacional de oración en el Palacio Nacional de San Salvador, donde se reunieron delegados de los tres poderes del Estado, representantes estadounidenses y líderes religiosos en medio de reflexiones sobre décadas de violencia y el impacto de las medidas tomadas por su gobierno desde 2022, en lo que fue catalogado por analistas y opositores como un «show político» pre electoral.
A cuatro años del inicio del régimen de excepción, los indicadores de seguridad han cambiado de forma drástica. Las autoridades destacan la reducción histórica de homicidios, la desaparición visible de estructuras armadas en barrios y colonias, y el retorno de actividades económicas en zonas que antes eran consideradas inaccesibles. Para muchos ciudadanos, especialmente en comunidades que durante años padecieron extorsiones y violencia, la política de seguridad ha significado una mejora tangible en su calidad de vida.
Sin embargo, el mismo proceso ha profundizado una fuerte polarización social y política. Mientras el Gobierno y sus seguidores defienden el régimen como una medida extraordinaria pero necesaria, organizaciones de derechos humanos, sectores académicos y parte de la oposición cuestionan los costos institucionales y humanos de una política que ha suspendido garantías constitucionales de forma prolongada.
Según cifras oficiales, decenas de miles de personas han sido detenidas en el marco del régimen de excepción. El Gobierno sostiene que se trata de miembros o colaboradores de pandillas y que las capturas han sido claves para desarticular las estructuras criminales. En contraste, familiares de detenidos, defensores de derechos humanos y organismos internacionales han denunciado arrestos arbitrarios, dificultades para acceder a procesos judiciales claros y condiciones carcelarias severas.
Este contraste ha dividido la percepción del país. Para una parte de la población, la prioridad es la seguridad y la tranquilidad recuperada, incluso si ello implica restricciones a derechos individuales. Para otra, el régimen representa un riesgo de normalizar el uso permanente de medidas excepcionales y debilitar el Estado de derecho.
Analistas señalan que el discurso de Bukele, al definir el pasado como una “dictadura de las pandillas”, busca reforzar la idea de que las decisiones actuales son una respuesta a una situación extrema heredada, y no un giro autoritario del poder. Al mismo tiempo, advierten que el reto a mediano y largo plazo será demostrar que la seguridad alcanzada puede sostenerse sin depender indefinidamente de un régimen excepcional.
En ese contexto, El Salvador continúa transitando entre dos visiones opuestas: la de quienes ven en la política de seguridad del Gobierno una ruptura necesaria con un pasado de violencia crónica, y la de quienes alertan que la concentración de poder y la suspensión prolongada de derechos pueden generar nuevas tensiones democráticas. Cuatro años después, la seguridad es uno de los principales capitales políticos del Ejecutivo, pero también el eje central de una polarización que sigue marcando el debate nacional.