El presidente Nayib Bukele afirmó el viernes que el Estado salvadoreño ha optado por priorizar los derechos humanos de la población “honrada y trabajadora”, en el marco de la política de seguridad impulsada a través del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. El mandatario cuestionó duramente a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a las que acusó de “defender a delincuentes” y de haber guardado silencio frente a los crímenes cometidos por las pandillas durante décadas.
“Todos los criminales tienen derechos humanos, pero la pregunta es: ¿cuál debe ser la prioridad del Estado? Nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente trabajadora y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos”, declaró Bukele durante una conferencia de prensa, al responder a preguntas de medios internacionales sobre las denuncias por abusos cometidos bajo el régimen de excepción.
El mandatario se refirió específicamente a señalamientos realizados por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), que han advertido sobre detenciones arbitrarias, falta de debido proceso, malos tratos y muertes bajo custodia estatal desde la suspensión de garantías constitucionales. Bukele desestimó esas denuncias y sostuvo que dichas organizaciones no alzaron la voz cuando las pandillas cometían asesinatos, extorsiones y actos de extrema violencia contra la población civil.
“A todas esas denuncias les daría algún valor si hubieran denunciado antes a los que mataban, ponían bombas, cortaban manos y cabezas. No lo hicieron. Ahora solo se preocupan por los delincuentes”, insistió el presidente.
De acuerdo con datos de organizaciones como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el régimen de excepción ha generado más de 6,400 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, principalmente por capturas arbitrarias, torturas y tratos crueles. Estas entidades también han documentado al menos 470 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal, muchas de ellas con indicios de violencia, aunque el Gobierno rechaza sistemáticamente esas cifras y atribuye los fallecimientos a enfermedades preexistentes.
A nivel internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado preocupación por la prolongación indefinida del régimen de excepción y han instado al Estado salvadoreño a restablecer las garantías constitucionales y garantizar investigaciones independientes sobre las denuncias.
Pese a las críticas, la política de mano dura continúa siendo la principal bandera del Gobierno y goza de alto respaldo popular, según diversas encuestas. El enfoque de seguridad fue clave para la reelección inmediata de Bukele, permitida tras una controvertida interpretación constitucional avalada por la Sala de lo Constitucional, pese a que la Carta Magna prohíbe expresamente la reelección presidencial consecutiva.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una conferencia conjunta con el político chileno José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, quien visitó El Salvador para reunirse con Bukele y recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el Gobierno como símbolo de su ofensiva contra las pandillas. La visita fue interpretada por analistas como parte del interés regional que ha despertado el modelo de seguridad salvadoreño, aunque también ha reavivado el debate sobre su impacto en el Estado de derecho y los derechos humanos.