El Banco Central de Reserva (BCR) confirmó que la deuda del Estado con los fondos privados de pensiones superó los USD 11,241 millones en 2025, cifra que refleja una tendencia de crecimiento sostenido y ha generado debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional salvadoreño y la salud de las finanzas públicas. Las cifras recientes son recopiladas principalmente a partir de los informes del BCR y las estadísticas del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Según los datos oficiales a septiembre de 2025, la deuda pasó de unos USD 10,525.96 millones en diciembre de 2024 a USD 11,070.62 millones, un incremento de más de USD 544 millones en los primeros nueve meses del año.
¿Por qué crece la deuda de pensiones?
La deuda estatal con los fondos privados de pensiones—alimentados mediante aportes de los trabajadores—no es simplemente un reflejo de las pensiones pagadas, sino también del uso de instrumentos financieros como los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) y los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), creados tras la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022.
Estas emisiones y títulos han permitido que el Gobierno utilice recursos del sistema para financiar parte de sus obligaciones, incluida la gestión del pago a los pensionados del antiguo sistema público y otras necesidades fiscales, algo que ha sido señalado incluso por técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Organismos internacionales y estudios actuariales también han advertido que el sistema enfrenta un déficit considerable en el mediano y largo plazo. Estimaciones recientes señalan que el déficit proyectado del conjunto del sistema entre 2024 y 2070 podría equivaler al 59 % del PIB, en gran parte por el creciente uso de activos previsionales en deuda pública.
Riesgos y advertencias del FMI
El FMI ha alertado que los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS)—un fondo común que se utiliza para pagar pensiones cuando los recursos individuales de los afiliados se agotan—podrían agotarse alrededor de 2027, lo que obligaría a un replanteamiento estructural para evitar que las pensiones dependan aún más del financiamiento estatal o de mecanismos precarios.
Expertos financieros han señalado que el volumen de esta deuda representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal del país, especialmente si continúa creciendo a ritmos cercanos o superiores al crecimiento económico. Mientras algunos defensores del modelo argumentan que estas obligaciones son necesarias para garantizar el pago de pensiones actuales, críticos señalan que el esquema actual puede socavar la estabilidad de los fondos de pensiones y reducir los rendimientos de los afiliados.
Gráfico comparativo: evolución de la deuda estatal con fondos de pensiones (2019–2025)
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| Año | Deuda con fondos de pensiones|
| | (millones USD, aproximado) |
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| 2019 | ~5,083 |
| 2020 | ~6,500 |
| 2021 | ~7,450 |
| 2022 | ~8,395 |
| 2023 | ~9,200 |
| 2024 | ~10,525 |
| 2025 | ~11,241 |
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Fuente: Estadísticas el Banco Central de Reserva de El Salvador y análisis periodístico.
Interpretación:
La deuda con fondos de pensiones ha crecido más del doble desde 2019, con un ritmo particularmente marcado desde la reforma previsional de 2022, cuando se habilitaron mecanismos de financiamiento estatal directamente ligados a los aportes de los trabajadores.
Comparación internacional: deuda con fondos de pensiones como proporción del PIB
Aunque los datos precisos comparables por país no están disponibles con la misma granularidad para todos los países de América Latina, organismos multilaterales como el FMI han señalado que varios países enfrentan presiones similares en sus sistemas de pensiones debido al envejecimiento poblacional y déficit actuarial. En el caso de El Salvador, la deuda con fondos de pensiones representa más del 30 % del PIB, una proporción elevada frente a sistemas donde los pasivos se financian con otros mecanismos más diversificados.
Desafíos a futuro
La creciente deuda con los fondos de pensiones plantea desafíos importantes:
- Sostenibilidad a largo plazo: sin reformas profundas, el sistema podría enfrentar un déficit estructural mayor, tal como señalan estudios actuariales que proyectan un déficit del 59 % del PIB entre 2024–2070.
- Presión fiscal general: el uso continuo de instrumentos de deuda vinculados a pensiones aumenta la carga sobre las finanzas públicas y podría restar espacio para otras prioridades de gasto.
- Capacidad de pago: con la posible reducción de activos en la CGS proyectada para agotarse alrededor de 2027, las autoridades deberán tomar decisiones sobre reformas y medidas fiscales que permitan garantizar pensiones sin comprometer otros servicios públicos.