La Asamblea Legislativa aprobó la noche del martes, con 67 votos oficialistas y de sus aliados, una nueva prórroga al régimen de excepción.
El estado de excepción se mantendrá por 30 días más a solicitud del gabinete de Seguridad del Gobierno. El nuevo plazo aplica desde el miércoles 17 de mayo hasta el 15 de junio de 2023.
Como ya acostumbra la junta directiva del Congreso, la petición se incorporó con dispensa de trámites y fue respaldada por Nuevas Ideas, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y tres diputados que renunciaron al tricolor de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que quienes temen al régimen de excepción son delincuentes.
Según cifras oficiales, más de 68.500 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados en este tiempo, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero también más de 4.000 personas han sido liberadas porque no se les pudo vincular con esas estructuras criminales.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad y en los centros penales en el marco del estado de excepción, el cual suspende varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar, “si continúan las circunstancias que lo motivaron”.
El Socorro Jurídico Humanitario, una ONG, registra hasta el 10 de mayo los nombres de 114 personas detenidas en centros penales que habrían fallecido en diferentes hospitales por supuesto homicidio o falta de atención médica.
Según esa organización, el 92% de los fallecidos no pertenecían a pandillas y fueron víctimas de otros reos, de los custodios, policías y militares. No se conocen informes oficiales de la muerte de esas personas.
La ONG Cristosal también ha reportado 3.333 casos de denuncias y 3.346 personas que señalan se les vulneró sus derechos durante el régimen de excepción.