Más de seis millones de salvadoreños son aptos para acudir a las urnas el 4 de febrero para elegir al presidente y vicepresidente de la República para el período 2024-2029.
«Hoy inicia oficialmente la campaña electoral para los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República, por un período de 4 meses», escribió la jefa del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, en la red social X, antes Twitter.
«Vota por la N de Nayib Bukele. Vamos por todo», publicó el partido gobernante Nuevas Ideas en X, mientras el presidente del Congreso, el oficialista Ernesto Castro, escribió en esa red que está en marcha la «Operación 2024» y «con la fe puesta en Dios y de la mano del pueblo salvadoreño, continuaremos la refundación de nuestro país», todo esto, sin siquiera haber sido inscrita la fórmula presidencial oficialista.
Siete partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados a la Asamblea Legislativa.
En 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -cuyos miembros fueron impuestos por una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo- dictaminó que Bukele podía tentar la reelección a pesar de que al menos cinco artículos de la Constitución lo prohíben.
Bukele contenderá en los comicios junto a su vicepresidente Félix Ulloa, una figura estética que se ha dedicado a viajar por más de 4 años con dineros del erario público. Una reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (CEC) le da al binomio presidencial del oficialismo un 68.4% de apoyo frente al 4.3% de su más cercano perseguidor.
Analistas aseguran que si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscriben a Bukele como candidato, podrían perder sus derechos políticos. El artículo 75 de la Constitución estipula que pierden los derechos de ciudadano quienes «suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin».
En 2019 Bukele llegó a la presidencia de la mano del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que sigue como aliado suyo y a pesar de otra prohibición constitucional, será candidato de un nuevo partido fundado por él y sus acólitos, a pesar de haber un «transfugismo» implícito.
Sin embargo, no solo la campaña presidencial, sino todas las que llevarán candidatos al legislativo, municipalidades y Parlamento Centroamericano han arrancado de manera anticipada tanto en el ámbito nacional como internacional la búsqueda del voto electoral para las elecciones de 2024, a pesar de existir una prohibición, según establece la ley que rige estos procesos.
Las denuncias comienzan a llegar, de todos los bandos contra sus oponentes, que demandan se apliquen los respectivos castigos a quienes comienzan a llenar los espacios mediáticos y públicos de propaganda, incluso en el exterior, donde no rigen las leyes electorales salvadoreñas.
Sin embargo nadie espera que el TSE haga algo que pueda «molestar» al presidente de la República.
El periodo promocional terminrá el 31 de enero del próximo año y se decretará el silencio en la propaganda hasta transcurrida la votación el 4 de febrero en el caso de las presidenciales y el legislativo.
Según la norma, la multa establecida en el artículo 245 del Código Electoral por campaña adelantada podría oscilar entre mil 142.77 y cinco mil 713.85 dólares.