Hace unos meses tenía un nombre, negocios y familia. Ahora todo eso lo ha cambiado por un alías: «Comandante Manuel». Se identifica como fundador de «Los Justicieros de Irapuato», un grupo de encapuchados que se dio a conocer en las redes sociales como ciudadanos armados dispuestos a hacer justicia por mano propia ante la apatía de las autoridades de todos los niveles para combatir a los delincuentes.
Manuel sabe que actúa al margen de la ley y que él también podría ir a la cárcel al igual que las personas a las que dice perseguir, pero «si el gobierno no actúa, alguien lo tiene que hacer», dice a periodistas.
Este grupo en el estado de Guanajuato es un ejemplo del hartazgo de aquellos que diariamente son víctimas de robos en las calles, en el transporte público, intentos de extorsión telefónica, secuestros y agresiones sexuales.
Las estadísticas oficiales muestran que el mes de mayo fue el más violento en los últimos 20 años. Las cifras del Ministerio del Interior (Secretaría de Gobernación) revelaron que durante el quinto mes del año 2.186 personas fueron asesinadas, es decir 70 por día.
En el caso de los secuestros, en mayo se reportaron oficialmente 100 casos con un acumulado anual de 484; las autoridades registraron 522 delitos de extorsión con 2.416 en los primeros cinco meses del año. Esto sin contar otros ilícitos como el robo en el transporte publico, a peatones y los abusos sexuales contra mujeres.
Un reciente análisis del Crisis Group destaca que de enero a abril se cometieron tres asesinatos por hora. «La oleada de violencia en México ha avanzado por varias fases para llegar a esta realidad siniestra», concluye.
Ciudades como la capital mexicana registran un delito cada cuatro minutos. En la prensa local abundan noticias sobre intentos de linchamientos contra presuntos ladrones, violadores, secuestradores.
Una revisión rápida en la prensa arroja como resultado que del 1 al 10 de junio se registraron al menos cuatro intentos de linchamiento en contra de presuntos ladrones en distintas zonas del país. Si bien es cierto que – como dice Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), una asociación civil que analiza las cifras de seguridad- no existen estadísticas que permitan evaluar que este tipo de acciones en contra de supuestos delincuentes, sí tienen cada vez más visibilidad en los medios de comunicación y en las redes sociales.
La justicia por mano propia
A principios de 2013 empezaron a operar en estados como Michoacán y Guerrero los llamados grupos de autodefensa, integrados por civiles armados que buscaban expulsar a sus pueblos de los cárteles de la droga.
El caso de los Justicieros de Irapuato es distinto, dice Manuel, quien aclara que ellos no son autodefensas, sino padres de familia y gente de trabajo que no se armó para combatir a los cárteles sino a los criminales que amenazan a sus familias y sus patrimonios.
«Narcos siempre va a haber, pero los que nos están dañando son los robos a mano armada, los secuestros. Somos como 70 personas armadas. Tengo 16 comandantes de confianza que vamos a empezar a organizar en grupos. A los delincuentes más grandes los vamos a matar porque si no lo hace alguien esto nunca va a acabar. Yo tenía mueblerías, restaurantes y tuve que dejar todo y sacar a mi familia porque me mandaron sicarios para que me mataran».
En su página de Facebook el movimiento exhibe una de sus primeras acciones que fue presentar a dos presuntos delincuentes a los que mutiló las orejas. El entrevistado explicó que actúan respondiendo a denuncias ciudadanas que reciben a través de las redes sociales o un número de móvil, después verifican la información «para no caer en el juego de una persona que se quiera vengar de otra por cosas personales. Nosotros actuamos con inteligencia. Solo perseguimos a los verdaderos criminales».
Con un perfil distinto y sin armas, este semana vecinos del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, anunciaron que con sus recursos enfrentarán a violadores y feminicidas.
En las últimas semanas los vecinos han detectado la desaparición constante de niñas obteniendo como única explicación de las autoridades que «se van con el novio».
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, una organización local que defiende las causas ciudadanas, detalló que este año en las calles del municipio se ha encontrado niñas violadas y las desapariciones de otras menores que son levantadas por sujetos en camionetas o secuestradas en el transporte público y luego halladas muertas.
Ante la inacción de las autoridades a nivel municipal y estatal, los vecinos decidieron realizar asambleas para determinar cómo resolverán la situación.
«Alzamos la voz para exigir justicia por todas las mujeres que día a día vivimos vulnerables. Nosotras, hijas, hermanas vecinas, sabemos qué es vivir con ese miedo y la angustia atravesada. Salir de casa y pensar que no volveremos jamás, como le pasó a Valeria (una menor abusada y asesinado hace menos de un mes un una unidad del trasporte público). Hay un alto grado de violencia que muestra el riesgo que significa ser mujer en el Estado de México», comentó Diana Betanzos, habitante del municipio.
En este municipio fueron ejecutadas en abril pasado cuatro mujeres por no quererse tomar una selfie en un bar con presuntos sicarios.
Los vecinos buscan hacer efectiva la alerta de género que es un mecanismo federal que se aplica en los municipios considerados como de alto riesgo para las mujeres. Pues de haberse aplicado correctamente, «muchas mujeres seguirían aquí, viviendo la vida que les correspondía vivir sólo a ellas».
A través de asambleas en sus barrios, mujeres y organizaciones civiles realizarán jornadas de información, talleres, foros y pláticas para informar a las mujeres sobre los mecanismos de defensa que tienen ante el alto riesgo que corren diariamente por el solo hecho de tener que salir de sus casas para tener que ir al trabajo o a la escuela.
La autoridad
Francisco Rivas considera que tomar la justicia por mano propia no es la mejor solución para resolver el problema de inseguridad en el país, a pesar de la ineficiencia de las autoridades encargados y considera que este tema debe ser tratado con mucha responsabilidad.
«El Estado necesita hacer que se respete la ley. Todos sabemos que en México el respeto de la norma y la confianza se ha visto mermada por la falta de resultados, pero en casos como estos –tomar la justicia por mano propia- la ley es actuar contra las dos partes», advierte a Infobae.
Citó ejemplos de personas inocentes que en el pasado han sido linchadas al ser confundidas con delincuentes. «Tomar la justicia por mano propia no es hacer justicia es venganza».
Ante la ola de inseguridad, el jueves el Ministro del Interior (Secretario de Gobernación), Miguel Ángel Osorio Chong, atribuyó el repunte en la violencia al reacomodo de los cárteles de la droga. Pero también reconoció que las corporaciones policiacas presentan un deterioro sistemático y, algunas regiones del país, están rebasadas en sus tareas para combatir el delito.
«Es fundamental emprender una acción de Estado para regresar a la tendencia a la baja en los delitos de homicidios dolosos de 2012», refirió en un comunicado.
Pero la conclusión general es que el presidente «Peña Nieto no ha logrado cambiar significativamente la inefectiva estrategia de seguridad y las instituciones legales del país. Por el contrario, el presupuesto para el novedoso programa nacional de prevención del delito en su gobierno fue prácticamente eliminado el año pasado», según el análisis del Crisis Group.
Mientras, Manuel afirma que a menos de 15 días de haberse dado a conocer como grupo armado, han recibido informes de gente de otros municipios, incluso afuera de su estado. Asegura que otros empresarios lo apoyan y que hasta ahora son recursos ciudadanos los que han financiado el movimiento.
Por Juliana Fregoso – Desde Ciudad de México