Amnistía Internacional (AI) advirtió el martes que la «violencia» ejercida por el Estado salvadoreño, en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y «alarmante regresión» en la protección de los derechos humanos, «reemplaza gradualmente» a la ejercida por las pandillas en el pasado.
Durante los cuatro años de gobierno del popular mandatario Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado «una alarmante regresión» en las garantías de respeto a los derechos humanos, que se ha intensificado con el estado de emergencia para combatir a las pandillas, dijo el martes la organización.
En un informe de 69 páginas, el organismo con sede en Londres aseguró que, entre otros comportamientos, identificó una profundización de un enfoque punitivo y represivo de la seguridad pública, la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso, el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en los centros penales.
Además, AI consideró que existe un aumento de acciones que atentan contra la libertad de expresión, asociación, obstáculos al ejercicio del derecho de reunión pacífica, incluyendo la detención de sindicalistas, y la falta de acceso a la información relacionada a la dirección de centros penales, fiscalía general, forense y en menor medida de la policía.
«Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza», afirmó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado para la prensa.
«La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno», agregó, en referencia a la guerra civil que atravesó el país entre 1979 y 1992 y que dejó unos 75.000 muertos.
Bukele, en el poder desde junio de 2019, goza de una popularidad sin precedentes, en gran medida, por su denominada «guerra contra las pandillas» que ha liberado supuestamente zonas enteras del país antes controladas por los delincuentes.
La medida ha recibido diversas críticas por supuestas violaciones a los derechos humanos, en particular, desde la implementación en marzo de 2022 de un estado de excepción que restringe ciertos derechos y garantías constitucionales.
El presidente, quien se separó del cargo la semana pasada para buscar la reelección a principios de 2024, ha negado rotundamente esos señalamientos y de que habría acordado treguas con las pandillas a cambio de beneficios carcelarios. En mayo, el expresidente salvadoreño Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión por negociar con esos grupos delictivos.
AI realizó tres misiones de investigación, entre mayo de 2022 y julio de 2023, a través de las cuales identificaron y documentaron 62 casos de violaciones de derechos humanos. Realizaron 83 entrevistas a víctimas del régimen de excepción y familiares, defensoras de derechos humanos, periodistas y exoperadores de justicia.
Desde marzo del año pasado, los cuerpos de seguridad han detenido a casi 78.000 presuntos pandilleros y liberado a 7.000, según datos oficiales. Grupos defensores de derechos humanos han denunciado 190 muertes y 5.775 abusos en el marco de la medida.