Los cancilleres de los 17 países reunidos en Lima para analizar la crisis en Venezuela negaron la legitimidad de la Asamblea Constituyente promovida por su mandatario, Nicolás Maduro, y denunciaron que en ese país se ha instalado una «dictadura» al llevar adelante un «quiebre democrático».
Convocados por Perú, los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Santa Lucía y Uruguay estuvieron reunidos durante todo el día en la sede de la cancillería.
Al término del encuentro, que se prolongó cuatro horas más de lo previsto, los ministros declararon su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo, y condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela.
De esta forma rechazaron la Asamblea Constituyente instalada en Venezuela en medio de las protestas de la oposición y condicionaron el retorno a la democracia en ese país a la nulidad de esa elección.
«Básicamente la declaración es un acuerdo sobre el hecho de que en Venezuela se ha roto el orden democrático, y restablecer ese orden, pasa por revertir la Asamblea Constituyente», declaró el canciller peruano, Ricardo Luna.
La Declaración de Lima, suscrita hoy por los ministros, agregó que todos los actos jurídicos que conforme a la Constitución venezolana vigente «requieran autorización» de la misma, sólo serán reconocidos cuando la Asamblea Nacional, democráticamente electa, «los haya aprobado».
Los cancilleres también condenaron «la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión, y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente».
El ministro peruano declaró que «lo ocurrido en Venezuela» en los últimos días «es un quiebre decisivo» en la situación política y que «lo que tenemos ahora es que Venezuela es una dictadura».
Su colega chileno, Heraldo Muñoz, expresó tras la presentación de la declaración que «Chile no acepta golpes militares, autogolpes o levantamientos militares.
Queremos que se restablezca el orden democrático, a través de una negociación creíble, sincera, con efectos reales».
«Hay medidas inéditas pero al mismo tiempo la voluntad de contribuir a una salida negociada por los propios venezolanos para que definan su futuro», agregó Muñoz.
La Declaración de Lima subrayó en ese sentido su apoyo «de manera urgente» a «todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe» que cuente con «el consenso de las partes» enfrentadas en Venezuela y que esté «orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país».
Del mismo modo, la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint de Malo, aseguró que el grupo estará «vigilante en el retorno a la democracia», y respaldó «la decisión de seguir de cerca la situación en el país» a través del grupo de países reunidos hoy.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, destacó que el respaldo a la Asamblea Nacional venezolana «valida nuestra postura en favor de las instituciones democráticamente electas en Venezuela».
Videgaray insistió en que esa decisión implica que actos jurídicos como los empréstitos, contratos y financiaciones internacionales que solicite el gobierno venezolano, «sólo serán reconocidos cuando dicha asamblea los haya aprobado».
La Declaración de Lima también resaltó que en Venezuela no se cumplen los «requisitos y obligaciones» de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respaldaron la decisión de «continuar la@aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela».
Respecto a la situación de los venezolanos en los países fronterizos, la canciller de Colombia, María Angela Holguín, dijo que se les ha otorgado una extensión del visado humanitario hasta por dos años para poder trabajar legalmente y tener un seguro de salud.
Los cancilleres y representantes evaluaron también una serie de medidas o sanciones de carácter bilateral que pueden adoptar sin condicionamientos, a las medidas regionales, y también acciones colectivas, indicó Luna.
Los ministros acordaron volver a reunirse en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre próximo para hacer un seguimiento a la situación en Venezuela.
En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones que ya dejan más de 120 muertos, situación que se ha agudizado desde la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, en la que la oposición no participó por considerar el proceso fraudulento.