Algunos inmigrantes bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán solicitar la ‘green card’, luego de un acuerdo judicial de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tras una demanda de varias organizaciones civiles.
El acuerdo permite que los originarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela puedan desestimar procesos de deportación o expulsión del país y continuar con su solicitud de Residencia Permanente.
“Los beneficiarios del TPS, incluyendo a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, cubiertos por este nuevo acuerdo podrán reabrir y desestimar sus órdenes de remoción, deportación o exclusión, así como solicitar el ajuste estatus para convertirse en residentes permanentes dentro de los Estados Unidos, si llenan todos los requisitos necesarios”, explicó un abogado de inmigración con sede en California.
En entrevista con LaOpinión de Los Ángeles, el experto Nelson Castillo confirmó que este acuerdo no cubre a todos los inmigrantes que tienen TPS, sino solamente a aquellos que cumplen los requisitos para obtener una ‘green card’ a través del matrimonio, petición familiar o laboral, por ejemplo.
“No es para cualquier persona con TPS… y todos los requisitos [de residencia permanente] tienen que ser cumplidos”, indicó el experto. “El inmigrante tiene que tener un vehículo aparte, como la petición familiar”.
En 2019, el entonces director de USCIS, Ken Cuccinelli, hizo modificaciones que afectó los procesos de solicitud de ‘green card’ de beneficiarios de TPS que cumplían con los requisitos, por lo que las organizaciones Democracy Forward, Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), Montagut & Sobral, PC y Debevoise & Plimpton, LLP presentaron una demanda en agosto de 2020.
Con el acuerdo, indicó CLINIC, las autoridades migratorias acordaron restaurar un camino hacia la residencia permanente para los llamados ‘tepesianos’.
“Debido a este acuerdo, los beneficiarios de TPS afectados por esta política podrán reabrir y anular sus órdenes de deportación y solicitar ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes, eliminando la amenaza de deportación si se revocan sus protecciones de TPS en el futuro”, acota la organización.
El Dr. Castillo insistió en que este proceso es particular, ya que tener un TPS no es un paso directo a la ‘green card’, sino que las personas deben cumplir los requisitos para ese beneficio.
“Aplica a personas que han viajado fuera de los EE.UU. con un ‘parole’ [permiso provisional]… a personas que tienen una orden de deportación, remoción o exclusión en su contra y que al salir fuera del país regresaron aún con ese documento”, señaló Castillo. “Las personas tienen que ser elegibles para un beneficio migratorio, como por ejemplo la petición familiar de un cónyuge”.
John Lewis, abogado senior de Democracy Forward, destacó que el acuerdo reducirá la presión a la comunidad con TPS que podía aplicar por una residencia permanente, pero no le era permitido tras la política impuesta durante el Gobierno de Donald Trump.
“La política de la Administración Trump buscó ilegalmente desestabilizar las vidas de decenas de miles con protecciones TPS”, expresó.
Abel Nuñez, director ejecutivo de CARECEN, indicó que trabajará con inmigrantes que puedan calificar bajo este nuevo acuerdo.
USCIS no quiso hacer comentarios sobre el acuerdo, bajo el argumento de que era un “litigio pendiente”.