Al menos 200 reos han fallecido en las cárceles del país bajo custodia del Estado desde marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción en el país con la excusa de combatir a las pandillas, según datos compartidos a periodistas por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario.
La representante de la entidad que brinda asistencia legal a familiares de personas detenidas en el contexto de la medida de régimen de excepción, Ingrid Escobar, confirmó que son 213 casos los que se registraron entre marzo de 2022 y el 10 de diciembre de 2023.
Escobar explicó que el registro de personas fallecidas de la organización «ha sido elaborado a partir de la información proporcionada directamente por familiares de las víctimas» y a partir del «monitoreo de fuentes periodísticas».
«El 94 % de las víctimas mortales son hombres y el 6 % son mujeres», es decir «201 hombres frente a 12 mujeres», añadió.
La ONG aseguró que «Tenemos pruebas de estas muertes, por lo que nadie puede negar que se están dando».
Según un documento compartido por Socorro Jurídico, la mayoría de las muertes en las cárceles salvadoreñas se ha dado por «negligencia por la falta de atención médica» y «homicidio».
Según los datos oficiales, en el contexto del régimen de excepción, implementado por el Gobierno como su principal medida de seguridad para combatir a las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales, suman más de 78.000 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de «sus peores crisis» de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
Para el Ejecutivo, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores, mientras que las organizaciones sociales registran más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.
El régimen fue aprobado a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. Una investigación del medio local El Faro sostiene que esta alza se debió a la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y las maras.
El Salvador cerrará el año 2023 bajo dicho régimen de excepción, después de que el oficialismo aprobó el pasado 5 de diciembre en la Asamblea Legislativa la vigésimo primera ampliación por 30 días de la medida.