Las perspectivas para los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en El Salvador entran en 2026 bajo un foco de tensión social y económico debido al acuerdo alcanzado entre el gobierno de Nayib Bukele y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que impulsa una reforma profunda del sistema previsional para enfrentar un déficit estructural que pone en riesgo su sostenibilidad.
Un reciente estudio actuarial, preparado por la Superintendencia del Sistema Financiero en conjunto con el FMI, revela que el sistema de pensiones (privado y público) enfrentará un déficit equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2024 y 2070, debido a que los ingresos por cotizaciones no alcanzan a cubrir los pagos de pensiones proyectados. Esta alarmante brecha ha obligado al gobierno y al organismo multilateral a acordar ajustes que comenzarían a implementarse en 2026.
“El desafío es enorme: sin un rescate estructural del sistema, las pensiones de largo plazo serán insostenibles”, dijo el economista Carlos Acevedo, advirtiendo que el país afronta una “bomba de tiempo” en torno al financiamiento de pensiones.
Si bien el Gobierno salvadoreño ha defendido la reforma como un paso necesario para asegurar la viabilidad fiscal del sistema, la carga recae principalmente sobre los trabajadores que cotizan en las AFP. Analistas destacan que la reconfiguración de las contribuciones y las nuevas exigencias podrían traducirse en años de trabajo más largos, tasas de cotización más altas o menos beneficios netos al momento de jubilarse.
Este efecto se suma a prácticas que han reducido la protección social histórica de los cotizantes. Por ejemplo, tras la reforma de 2023 se eliminó la obligación de las AFP de contratar seguros para las pensiones por invalidez y sobrevivencia, una medida que duplicó las ganancias de AFP Confía y Crecer entre 2023 y 2024, hasta alcanzar casi $69 millones en utilidades combinadas para sus accionistas —cifras que contrastan con los desafíos de los cotizantes para acumular suficientes ahorros.
La economista Tatiana Marroquín ha señalado que “el incremento en las utilidades de las AFP ha ocurrido al mismo tiempo que se traslada mayor riesgo al cotizante y se debilitan las protecciones sociales básicas”. En su opinión, esto representa “un retroceso en la protección social de las personas”.
Según datos del estudio actuarial, AFP Confía administra aproximadamente $8,216.8 millones de los fondos privados, mientras que AFP Crecer maneja alrededor de $7,779.0 millones, sumando cerca de $16,000 millones en activos al cierre de 2024. Sin embargo, más del 73 % de esos recursos están invertidos en títulos del Estado, lo que refleja la profunda interdependencia entre los fondos de pensiones y la financiación pública.
Los informes financieros de ambas AFP muestran que sus utilidades continuaron creciendo durante 2025, con Confía y Crecer consolidando resultados favorables gracias a cambios en la normativa que redujeron costos operativos y restricciones. Aunque estas cifras apuntan a una sólida posición financiera de las empresas administradoras, contrastan con las preocupaciones sobre la solidez futura de los saldos individuales de los trabajadores.
Los expertos consultados advierten que el enfoque del acuerdo con el FMI prioriza metas fiscales por sobre los efectos sociales. El propio documento del organismo multilateral destaca que la sostenibilidad del sistema exige no solo ajustes en las cuentas, sino también medidas que podrían aumentar las transferencias estatales a las pensiones públicas y elevar la carga sobre los trabajadores activos.
“Estamos ante una reforma que ajusta las finanzas, pero también cambia de forma profunda la relación entre el Estado, los administradores privados y los trabajadores”, dijo el analista económico Rafael Lemus, al subrayar que el diseño actual del sistema concede ventajas considerables a las AFP mientras amplía riesgos y costos para la mayoría de los cotizantes.
De cara a 2026, las perspectivas de los fondos de pensión salvadoreños están fuertemente condicionadas por la ejecución de la reforma pactada con el FMI, el contexto económico global y las presiones sociales en torno a la equidad del sistema previsional. La tensión entre ajustes fiscales y demandas de protección social marca el debate nacional sobre cómo garantizar un retiro digno sin comprometer la estabilidad económica del país.