El abogado del empresario Enrique Rais, Rafael Hernán Cortez, pidió al fiscal general de la República, Douglas Meléndez, que «Haga pública la ‘estructura’ que le ha amenazado por su labor como Fiscal»
«No se puede permitir que, dentro de nuestro Estado de Derecho, se amenace a cualquier persona por realizar su trabajo, el cual está garantizado por la Constitución Política de El Salvador», dijo el abogado Hernán Cortez en entrevista con LaGaceta503.com.
El fiscal Meléndez afirmó en una entrevista televisada que tanto el como su familia han sido amenazados y que «les daban hasta el 15 de agosto para salir del país»
El profesional del Derecho recordó que su colega y también defensora de Rais, la abogada Silvia de Bonilla, interpuso el pasado viernes un Recurso de Exhibición Personal (Habeas Corpus) ante la Corte Suprema de Justicia (Csj), por persecución y acoso por parte de fiscales que llevan el cado contra Enrique Rais, debido a que han denunciado el mal proceder y la ilegalidad con la que se ha procedido a acumular pruebas contra su defendido.
Cortez advirtió que “no se puede acusar a personas de manera indiscriminada, así como no podemos atribuir delitos a un grupo de abogados que defienden a una persona que está siendo procesada”
«El fiscal general cuenta con el monopolio de la investigación en nuestro sistema jurídico y tiene la capacidad de presentar los indicios de quien o quienes le amenazan, de la misma manera que nosotros hemos presentado en una denuncia, que no ha caminado dentro del Ministerio Público, con datos exactos sobre las personas que nos han conminado a no dar declaraciones al público, que se suspenda la labor de defensa al denunciar ilegalidades cometidas por la Fiscalía y no informemos de las placas de los vehículos que nos persiguen» aseguró el abogado.
Según Cortes, es aventurado por parte de Douglas Meléndez insinuar que su representado pueda tener relación con las mencionadas amenazas, o que así lo de a entender de forma vaga, pues la FGR debe dar el ejemplo de cómo se debe proceder ante el cometimiento de un ilícito, tal como son las Amenazas.
El abogado Cortez aclaró que ni el ni sus colegas se dan “por aludidos ante esas aseveraciones», además que las considera «demasiado temerarias», si no las sustenta de manera fehaciente en el sistema jurídico del país.
«El fiscal general tiene la obligación ante el pueblo salvadoreño de presentar pruebas de lo que acusa, caso contrario dejaría a la institución que dirige muy mal parada», afirmó.
En el caso que nos compete como abogados y representantes legales del empresario Enrique Rais, “lo que nosotros estamos haciendo es sacando a la luz de la opinión pública una serie de acciones reñidas con la ley e ilustrando al juzgador, en este caso, de todas la ilegalidades y todas las arbitrariedades que los agentes auxiliares del señor fiscal general de la República han cometido en este proceso”, dijo Cortez, refiriéndose a las denuncias que realizaron desde que inició el proceso judicial contra su patrocinado.
«En caso que el Fiscal tenga prueba de que verdaderamente ha sido amenazado, el y su familia, esta obligado a presentarlas, no dejsndo duda alguna de los responsables», insistió.
«Mis colegas y quien les habla no vamos a hacer ese tipo de mala práctica, porque somos personas honorables, profesionales sin tacha alguna y respetuosos de la ley», enfatizó Cortez, descartando cualquier vínculo con los autores de las presuntas amenazas al fiscal general.
“Yo le pediría al señor fiscal general de la República que investiguen esos hechos, que no hagamos juicios de valor anticipados. Si bien es cierto que estamos dándole duro a ese proceso, estamos tocando la llaga, estamos tocando todas las ilegalidades, eso no significa que nosotros seamos abogados corruptos como nos trató el licenciado Douglas Arquímedes Meléndez, de manera velada”, pidió Rafael Hernán Cortez ante los señalamientos hechos por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
El licenciado Cortez insistió en el llamado al fiscal general a desarrollar las investigaciones para dar con los responsables de las amenazas y a que también se inicien las indagaciones contra los fiscales auxiliares a quienes se ha denunciado con anterioridad, pues «La justicia debe ser igual para todos y no puede el Ministerio Público obviar delitos cometidos por miembros de su equipo de trabajo y acusar gente decente impunemente», finalizó el abogado.