La Asamblea Legislativa, controlada ahora por de manera absoluta por el partido gobernante, Nuevas Ideas, destituyó el sábado, por mayoría, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno de los tres poderes que representaban la democracia en El Salvador, que había emitido veredictos contrarios a las políticas populistas del presidente Nayib Bukele.
En la primera acción tomada por el nuevo congreso a solo horas de haber tomado posesión, los parlamentarios aceptaron con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, destituir tanto a los jueces titulares como a los suplementes del principal órgano constitucional del país.
Pocas horas después, también presentaron una moción para la destitución del Fiscal General de la República, Raúl Melara, un fiscal genuflexo que dio continuidad a juicios ilegales montados por su predecesor, Douglas Meléndez, fue también aprobada por mayoría absoluta.
Melara, a pesar de haber prometido eliminar las «manzanas podridas» en la institución, dejó prevalecer la corrupción desde su oficina.
La medida permitirá a Bukele tomar control de los tres poderes del Estado, luego de que en las elecciones legislativas se hiciera con una mayoría absoluta en el parlamento unicameral de 84 escaños.
«Ya tenían dos poderes. Era lógico la búsqueda del tercer poder«, dijo a periodistas la analista de oposición Bessy Ríos.
La crítica del gobierno señala que se trata de una «noche histórica y cuando me refiero a histórica no me refiero a que sea histórica buena».
«Es una situación inédita, nunca había pasado. Pero tienen los votos, tienen el mandato constitucional. Pueden hacerlo«, señaló.
Poco después de la votación, la Corte Suprema publicó un comunicado en el que consideraba «inconstitucional» la medida, lo que supuso un enfrentamiento entre los poderes independientes del Estado.
Bukele, por su parte, descartó el dictamen de los jueces y se regodeó del poder absoluto que ahora ostenta.
La oposición salvadoreña, tanques de ideas, empresariado y analistas políticos criticaron duramente la medida y la calificó de «golpe de Estado».
«Evidenciando totalmente su búsqueda del poder total, su primera moción en la Asamblea Legislativa destituir a la Sala de la Constitucional de la CSJ, anulando la separación de poderes y sepultando a El Salvador como República», aseguró Erick Salguero, presidente del partido opositor ARENA.
El gobierno de EE.UU. estuvo entre los primeros en posicionarse sobre la medida.
«Vemos con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso», escribió en Twitter Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.
Los argumentos
Los congresistas que apoyaron la legislación, por su parte, aseguraron que «los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población».
Según consideraron, los jueces pusieron a la población «en peligro al no cumplir las medidas que internacionalmente han sido utilizadas».
Sobre el Fiscal General, consideraron que tenía «vínculos» con la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a pesar de mostrase servil al gobierno e incapaz de adjudicar justicia a acusados en juicios fraudulentos, que «pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad».
Luego de la destitución del fiscal, tras un breve receso los congresistas aprobaron de manera expedita el nombramiento de Rodolfo Antonio Delgado como nuevo fiscal de la República.
Bukele celebró la decisión a través de Twitter y consideró que la destitución era «una facultad INCONTOVERTIBLE expresada CLARAMENTE» en la Constitución.
Bukele había acusado en varias ocasiones a los jueces constitucionales de quitarle facultades para atender la pandemia.
En agosto del año pasado, afirmó en cadena nacional que, «si fuera de verdad un dictador», hubiese fusilado a los magistrados por declarar inconstitucionales los decretos que él había emitidos durante el confinamiento por el coronavirus.
El año pasado, el Washington Office on Latin American, un centro de estudios sobre derechos humanos con sede en EE.UU. consideró que Bukele «había distorsionado el contenido de las decisiones de los jueces «construyendo una narrativa que los coloca como enemigos de la ciudadanía».
¿Fue legal la destitución?
Aunque a la nueva Asamblea le estaba encomendado elegir a un tercio de los magistrados de la Corte Suprema y más adelante al Fiscal General y otros funcionarios, la medida que tomó el legislativo, según explica Ríos, se basa en la figura de la «destitución».
«A cualquier Asamblea, que se elige cada tres años, le toca elegir a su vez a un tercio de los magistrados, ese es su mandato. Lo que los actuales diputados están haciendo es utilizar una facultad que se llama destitución, que está consignada en la Constitución», señala.
Según la Carta Maga salvadoreña, los magistrados de la CSJ y otros funcionarios públicos pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley.
Tanto para la elección como para la destitución deberá de tomarse con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los diputados electos.
«Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están elegidos por la Asamblea y la Asamblea de la misma forma en que los elige los puede destituir», explica Ríos.
«Personalmente creo que los criterios bajos los cuales ellos están tomando este artículo para destituir no son tan robustos, pero legalmente ellos tienen 64 votos y nosotros en El Salvador tenemos 46 votos como mayoría simple, 56 votos como mayoría votos como mayoría calificada y 64 como mayoría absoluta», señala.
La analista opositora considera, no obstante, que la medida, pese a ser legal, tiene puntos éticos cuestionables.
«No deja de ser una cosa violentadora de derechos humanos, pero legalmente están haciendo el trámite formal apegado al derecho. Éticamente, no», dice.
Ríos señala que la decisión no la tomó por sorpresa, dado que desde hace tres semanas se filtró entre algunos analistas el proyecto de lo que sucedió esta noche y de otras destituciones que tendrán lugar en las próximas horas.
Según la experta, tras la destitución de los jueces y del Fiscal General, seguirán también el procurador de derechos humanos y otros funcionarios.
«Todos los funcionarios que eligió la Legislatura anterior, todos van a ser destituidos entre esta noche y mañana y se nombrarán nuevos funcionarios al frente de estas instituciones», señala.
Todos serían serviles al actual Ejecutivo.
«De esta forma se tiene el control total del poder judicial y del Ministerio Público», dijo.
