El sistema judicial salvadoreño ordenó la captura con difusión roja para que la Interpol busque al exministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia, quien estaba siendo procesado en libertad por los delitos de fraude electoral y negociaciones lícitas con las pandillas, debido a que no llegó a firmar a un juzgado que le había otorgado medidas alternas a la prisión, ni se presentó a una audiencia para explicar su ausencia. Supuestamente Valencia salió del país en mayo pasado.
Valencia ejerció el cargo durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
El exfuncionario es procesado junto al exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara; el exalcalde San Salvador, Ernesto Muyshondt del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); así como el excomandante guerrillero Raúl Mijango, exmediador de la tregua entre pandillas, y el columnista y ex guerrillero nacionalizado, Paolo Luers.
En este caso también está bajo la lupa el expresidente de la Asamblea Nacional y exdiputado Norman Quijano, también del partido ARENA. Quijano salió del país el 30 de abril cuando faltaban pocas horas para que llegara a su fin el periodo legislativo para el que fue electo y venciera el fuero constitucional que impedía que las autoridades lo capturaran. Un juez salvadoreño pidió a la oficina de la Interpol en el país que emitiera una difusión roja para buscarlo. La orden de captura pide que sea procesado por los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas.
Entretanto, el Ministerio Público ratificó la acusación de fraude electoral y negociaciones ilícitas con las pandillas contra los imputados, que se afirma buscaron el apoyo de las pandillas para que apoyaran a los candidatos de sus respectivos partidos para ganar las elecciones presidenciales de 2014. Finalmente los comicios los ganó el excomandante guerrillero Sánchez Cerén.
La fiscal del caso, Zulma Romero, explicó a los periodistas que: “Las negociaciones ilícitas se cometieron por parte de los imputados a partí de octubre de 2013. La negociación consistía en obtener el apoyo electoral por parte de esos grupos criminales a constituidos por las tres principales pandillas a cambio de beneficios penitenciarios, así como financiamiento económico por parte de los imputados hacia las pandillas”. Detalló que el “financiamiento se dio en diferentes momentos, los montos fueron diversos, pero todos ascendían a más de 600.000 dólares”.
En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y la pandilla Barrio 18 y cualquier otra organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito y soberanía del Estado.
La Sala, en su sentencia, también declaró terroristas a los “jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas” de las pandillas.
