El presidente Nayib Bukele, denunció la intención de un presunto «Golpe de Estado parlamentario» en El Salvador, coincidiendo con el aniversario de su intento de Golpe contra el Congreso al entrar a la Asamblea Legislativa con militares y policías con armas de guerra el 9 de febrero de 2020.
La acusación de Bukele se produce después de que el diputado Ricardo Velásquez Parker, del partido político ARENA, presentó una iniciativa ante la Asamblea para declarar la incapacidad mental del presidente, que tendría que ser diagnosticada por una comisión de médicos.
Según el diputado, presentó la iniciativa para «hacerle frente a una República que se está precipitando por un abismo, y no podemos dejar el timón de esta nave republicana a un enfermo».
Asegura, además, que «hemos visto acciones del presidente desacatando la Constitución y las leyes, intento de golpe de Estado, militarizar esta misma Asamblea, llamados a la insurrección, ataques a la democracia, a la institucionalidad y a la República».
La Constitución salvadoreña establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de declarar «la incapacidad física o mental del presidente» para el ejercicio de su cargo, «previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea», aunque necesitaría al menos 56 votos de los 84 congresistas.
Así, Bukele, siguiendo su habitual forma de abordar la actualidad del país, ha usado su cuenta de Twitter para mostrarse sorprendido, asegurando que «es increíble, pero también llamativo, cómo los autoproclamados ‘defensores de la democracia’ guardan total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario».
Después, ha asegurado que estas acciones se dan «a pocos días de unas elecciones democráticas en las que todas las encuestas dicen que perderán más de 80 por ciento de sus escaños», lo que según expertos y analistas electorales es imposible que suceda por el sistema «proporcional» que rige en el país.
Bukele convocó el 9 de febrero de 2020 un sesión extraordinaria del Congreso, después de que los diputados rechazaran un préstamo de 109 millones de dólares preconcedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La Presidencia nunca explicó para que quería los dineros, por lo que no se le autorizó.
Policías y militares fueron a buscar a los diputados de manera violenta a sus casas, pese a lo cual muchos rehusaron ir, y Bukele ingresó en la sede del Legislativo con militares y policías armados, una acción que llevó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a prohibir a Bukele utilizar al Ejército para fines distintos a los que están reflejados en la Constitución.
