Una comisión especial de la Asamblea Legislativa avaló la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de someter a un proceso de desafuero al viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, por negarse a cumplir la orden de llevar por apremio a dos ministros ante una comisión especial del Congreso, decisión que debe ser ratificada en una sesión plenaria.
El Ministerio Público solicitó a principios de noviembre al Legislativo retirar el fuero a Arriaza Chicas para que enfrente un proceso penal por al menos dos cargos de desobediencia.
En la comisión especial de antejuicio contra el viceministro de Seguridad se emitió «un dictamen favorable» que fue aprobado con cinco votos. Dos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La decisión debe ser ratificada en pleno con al menos 43 votos de los 84 legisladores.
De acuerdo con un representante de la Fiscalía General de la República que presentó la solicitud, Arriaza Chicas «ha incumplido sus deberes al no acatar una solicitud de un órgano de Estado, por lo consiguiente hay un quebrantamiento al Estado de derecho y a la democracia del país».
El presidente Nayib Bukele nombró recientemente a Arriaza como viceministro de Seguridad, para blindarlo por los delitos cometidos, con lo que pretendía otorgarle inmunidad constitucional frente a posibles investigaciones penales solicitadas por el Congreso de la República.
Este nombramiento se dio después de que la Asamblea Legislativa notificara a la Fiscalía la negativa del uniformado de trasladar por apremio (como fuera necesario) al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y al de Salud, Francisco Alabí, para explicar el uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia por la covid-19, datos que a la fecha esconden de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Congreso.
La legislación salvadoreña establece que el presidente, diputados, jueces del Supremo, ministros, fiscal general y otros funcionarios responderán a la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan.
El Gobierno de Bukele criticó la solicitud de la Fiscalía y varios de sus funcionarios señalaron que es un intento de desmontar un supuesto plan de seguridad gubernamental, denominado Plan de Control Territorial, el cual nadie conoce.
