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Corte de Cuentas revela corrupción de ex fiscal Douglas Meléndez

El ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ha sido cuestionado, entre otras cosas, por haber orquestado diversos procesos penales, como el caso Rais-Martínez, para favorecer a competidores empresariales de Enrique Rais y a supuestos enemigos políticos del también ex fiscal Luis Martínez, valiéndose para ello, de intervenciones telefónicas ilegales, de testigos criteriados, y de haber obligado a fiscales y personal administrativo de la FGR para que declararan falsamente en el caso corruptela.

La Corte de Cuentas de la Republica (CCR) realizó una reciente auditoria mediante la cual se da a conocer que el ex fiscal Meléndez nunca remitió a la Dirección Financiera Institucional de la FGR, la documentación de bienes digitales, donados a la FGR por la embajada de los Estados Unidos en 2018, a fin de que se realizaran los registros correspondientes. Estos bienes tenían un valor de $287,417.

La auditoría de la Corte de Cuentas se suma a la denuncia del ministro de Trabajo, Rolando Castro, que lo acusó de estafar al Estado al cobrar un monto superior a lo que le correspondía cuando renunció a la gerencia legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para convertirse en fiscal general.

“El ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, estafó al Estado salvadoreño antes de ser fiscal. Es una indemnización de forma ilegal e irregular y arbitraria que CEPA emitió”, sostuvo Castro, situación que también fue confirmada por la entonces presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas.

En 2019, la misma FGR acusó a Meléndez de cuatro delitos: omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia en perjuicio de la administración de justicia y la administración pública; sin embargo e inexplicablemente, en la misma acción solicitó el sobreseimiento definitivo al argumentar que no podía sustentar las acusaciones.

Tras terminar su gestión como titular del ministerio público, Meléndez fue acusado por un grupo de exfiscales y empleados administrativo de la institución, quienes lo acusaron de haberlos coaccionado para que se convirtieran en testigos criteriados y declarar falsamente en el caso conocido como “Corruptela”. Por no ceder a la presión fueron intimidados y amenazados por un grupo de fiscales afines al exfiscal.

(Tomado de La Noticia) Nov 26.2020-

Una auditoría de la Corte de Cuentas de la República correspondiente a todo el año 2018, reveló que el durante la administración de Douglas Meléndez como fiscal general, la Fiscalía General de la República (FGR), uso de manera indebida (malversación) $74,814 que el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) le traspasó para mejorar la capacidad de investigación de las unidades especiales contra el crimen organizado y los utilizó para equipar el centro de capacitación y desarrollo institucional.

Una publicación de El Diario de Hoy detalla que el informe de auditoría reporta en total cinco hallazgos a la administración del exfiscal Douglas Meléndez, que también es cuestionado por los auditores por no remitir a la Dirección Financiera Institucional documentación de bienes digitales, que la embajada de Estados Unidos donó a la institución con un valor de $287,417.

Según el informe de auditoría, el dinero que traspasó el CONAB a la FGR fue utilizado para realizar mejoras a la propiedad y equipar el centro de capacitación, que el exfiscal Douglas Meléndez inauguró en julio de 2018 y lo presentó como uno de los logros más importantes de su gestión.
La publicación de El Diario de Hoy revela que “se destinaron $19,840 a equipar el referido centro, situado en Apaneca, sin dar detalles del equipo adquirido. También que invirtieron $11,202 en compras de cafeteras, refrigeradoras de 10 y 14 pies, juego de comedor para seis personas, juego de sala, un camarote metálico y colchones”, detalla.

La auditoría destaca la compra de una barbacoa de 21 pulgadas, además de “muebles multiusos, equipo de sonido con ocho bafles, dos amplificadores y dos micrófonos. Además de máquinas para ejercicios, 280 unidades de cerámica en maya para piso, espejos bocelados, servicio de cable de TV y restauración de área verde”, agrega.

Conforme a la Ley Especial de Extinción de Dominio, el Estado debe traspasar a la FGR un 35% del dinero y los bienes confiscados a la delincuencia organizada, pero resalta que tales transferencias deben ser destinadas a mejorar la capacidad de las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, extinción de dominio entre otros.

Pese a que el principal responsable de dirigir la institución es el fiscal general, la Corte de Cuentas de la República no culpó a Douglas Meléndez del uso indebido del dinero, sino que apunta la responsabilidad al gerente general de aquel entonces, ya que fue quien “adjudicó mediante la modalidad de libre gestión la adquisición de bienes, servicios y activo fijo” para mejoramiento del centro de capacitación.

El informe de auditoría reitera que el gerente fue quien autorizó “la utilización de recursos con finalidad diferente a lo establecido en la Ley”, destaca EDH. “Según los auditores, esa ‘deficiencia ocasionó disminución de recursos disponibles del Fondo Especial de Dinero y Rendimientos de la Enajenación de los Bienes Extinguido (Fondos CONAB) para las Unidades Especializadas de la FGR enunciadas en la Ley’”, agrega.

La conclusión de la CCR es que la “Construcción, Adecuación y Mejoras del Centro de Formación y Bienestar Institucional” no es de uso exclusivo para unidad de investigación de las unidades especializadas de investigación del crimen organizado de la FGR, sino que es de uso general, incluyendo personal operativo y administrativo.

La justificación del gerente general fue que era “preciso fortalecer la formación y salud mental del personal de la institución implicando con ello que se debe dar prioridad a invertir en la obtención de condiciones favorables para una enseñanza aprendizaje efectivas que incrementen sus conocimientos y habilidades para el desempeño de las funciones ante el flagelo del crimen organizado que nos acecha como sociedad salvadoreña”, detalla la publicación de EDH.

MELÉNDEZ CUESTIONADO POR $287 MIL EN EQUIPO INFORMÁTICO

Además, la auditoría también presenta un apartado donde se cuestiona al exfiscal general Douglas Meléndez por no haber remitido a la Dirección Financiera Institucional de la FGR, la documentación de bienes digitales, donados por la embajada d Estados Unidos en 2018, a fin de que se realizaran los registros correspondientes. Estos bienes tenían un valor de $287,417. 

“Meléndez argumentó a la Corte que la unidad beneficiada con las donaciones era la que tenía que notificar a la Dirección Financiera Institucional. ‘Dichos bienes están en uso y resguardo de la FGR no existe ningún tipo de afectación a la institución’, justificó Meléndez”, detalla la publicación de periódico de circulación nacional. De igual manera, la auditoría cuestiona la adjudicación de la pólizas de seguro médico hospitalario y colectivo de vida por $419,581 y $2,688,823 respectivamente, a “empresas que debieron ser descalificadas del proceso, debido a que no cumplieron con alguno de los términos de referencia establecidos en las bases de licitación”, expone.

La auditoría de la Corte de Cuentas se suma a la denuncia del ministro de Trabajo, Rolando Castro, que lo acusó de estafar al Estado durante-administracion-de-douglas-melendez-como-fiscal-general-la-fgr-habria-malversado-al Estado, al cobrar un monto superior a lo que le correspondía cuando renunció a la gerencia legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para convertirse en fiscal general.

“El exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, estafó al Estado salvadoreño antes de ser fiscal. Es una indemnización de forma ilegal e irregular y arbitraria que CEPA emitió”, sostuvo Castro, situación que también fue confirmada por la entonces presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas.

En 2019, la misma FGR acusó a Meléndez de cuatro delitos: omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia en perjuicio de la administración de justicia y la administración pública; sin embargo, en la misma acción solicitó el sobreseimiento definitivo al argumentar que no podía sustentar las acusaciones.

Tras terminar su gestión como titular del ministerio público, Meléndez fue acusado por un grupo de exfiscales y empleados administrativo de la institución, quienes lo acusaron de haberlos coaccionado para que se convirtieran en testigos criteriados y declarar falsamente en el caso conocido como “Corruptela”. Por no ceder a la presión fueron intimidados y amenazados por un grupo de fiscales a fin al exfiscal.

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