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Operación conjunta Estados Unidos/El Salvador deja 572 detenidos

De manera extraña, la Policía Nacional Civil (PNC) únicamente reportó 230 detenciones y las atribuye al plan de seguridad gubernamental, Plan Control Territorial, y nombró la operación como «Noviembre 2».

Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de Estados Unidos dejó el jueves unos 572 detenidos en El Salvador, la mayoría pandilleros, por delitos de tráfico de drogas, homicidios, extorsión y tráfico de personas, informó el Ministerio Público.

De acuerdo con una fuente, este operativo está enmarcado en la «Operación Escudo Regional, el cual es un esfuerzo conjunto de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley en los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) y Estados Unidos».

La FGR emitió un total 1.152 órdenes de detención, de las que «se han hecho efectivas hasta el momento 572 capturas» a nivel nacional, apuntó la FGR.

«Esta es la cuarta fase de la operación Escudo Regional en la que se han realizado operativos simultáneos, donde los tres países del Triángulo Norte han acompañado al igual que en las tres fases anteriores» entre 2017 y 2018, acotó la entidad.

De manera extraña, la Policía Nacional Civil (PNC) únicamente reportó 230 detenciones y las atribuye al plan de seguridad gubernamental, Plan Control Territorial, y nombró la operación como «Noviembre 2».

Se desconoce si esta operación de la PNC es la misma que lleva a cabo el Ministerio Público, ya que las fuentes no han aclarado dicha situación.

El presidente Nayib Bukele mantiene una confrontación con el fiscal general, Raúl Melara, desde que la Fiscalía solicitó retirar la inmunidad constitucional al director de la PNC y viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza, para que enfrente un proceso penal.

La Asamblea Legislativa dio luz verde al proceso de desafuero y formó una comisión que decidirá que existen elementos para que se vote el retiro de la inmunidad y sea procesado por los cargos de incumplimiento de deberes y fraude procesal.

Este proceso se dio después de que Arriaza se negara a llevar por la fuerza ante una comisión legislativa que investiga el uso de fondos públicos para atender la pandemia a los ministro de Salud, Francisco Alabí, y de Hacienda, Alejandro Zelaya.

Las comisiones especiales tienen la potestad constitucional de ordenar a la Policía que haga comparecer ante ellas a los funcionarios que se nieguen a presentarse.

El Ministerio Público ha solicitado a la Asamblea Legislativa la creación de una Policía Fiscal, ante la degeneración de la Policía Nacional Civil, que de acuerdo a analistas y políticos de oposición, a las ordenes de Bukele, se ha convertido en una «Guardia Pretoriana» similar a la Policía Nacional (PN) de antes del conflicto armado de los 80’s, donde la PN abusaba a todo tipo de persona y reprimida a los opositores capturándolos y desapareciéndolos.

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