Historia

El golpe del 15 de octubre de 1979

Por Eduardo Vázquez Becker

A finales de 1979 El Salvador se encontraba en una situación desesperada y preocupante. El efecto dominó que se esperaba después del triunfo sandinista no dejaba que el gobierno atendiera los problemas reales del pueblo. Los argumentos de la izquierda dominaban cada vez más el espectro político.- Que el gobierno era producto del fraude-; -Que su único interés era servir a las clases dominantes y que la única forma de mantenerse en el poder era la represión-. La gigantesca propaganda, organizada y manejada por los organismos internacionales  de solidaridad, daba por sentado que solo era cosa de esperar. El Salvador estaba por caer. Todo esto, sumado a los efectos que se esperaban venir como resultado de la caída del gobierno somocista en Nicaragua, era caldo de cultivo para un golpe de Estado que tratara de cambiar las causas raíces del conflicto. El cambio en El Salvador se presentaba inminente e inevitable.  Los Estados Unidos veían con creciente preocupación las constantes denuncias por violación de los Derechos Humanos formuladas por la Iglesia católica salvadoreña pero no parecían enterarse de la actividad subversiva.

En 1978 la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la OEA, el Parlamento Británico y las organizaciones Amnistía Internacional y Comisión Interamericana de Juristas, publicaron un informe detallado sobre hechos de violación de Derechos Humanos en El Salvador donde aseguraban que esa era una conducta frecuente, especialmente del Ejercito. El informe de la Comisión, publicado en marzo de 1979, previo a la celebración de la XIII Asamblea de la OEA a celebrarse en Bolivia, aseguraba que entre la población salvadoreña existía un escepticismo generalizado respecto al derecho de voto y de participación en el gobierno. También aseguraba que los partidos políticos de la oposición no tenían confianza y habían perdido la esperanza de poder tener elecciones libres y honestas. Debido a esas razones, la Comisión fue de la opinión que los derechos electorales no eran efectivos. La delegación del Parlamento Británico, por su parte, había concluido en igual forma, solo que ponía mayor énfasis en los efectos del fraude electoral. La situación y los planes de golpe habían trascendido a los distintos sectores del país. Al parecer solo el Presidente Romero ignoraba lo que ocurría. La XIII Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, se realizaría en La Paz, Bolivia, el 22 de octubre de 1979 y era un hecho que durante la misma, se iba a producir una condena para El Salvador por violar los derechos humanos. Sin lugar dudas, esa situación favorecía  la toma violenta del poder por parte de los izquierdistas apoyados por Cuba y Nicaragua lo que, indudablemente, no podían permitir los militares.

En esta coyuntura, se produce la llegada al país del entonces Secretario de Estado Adjunto de los Estados , Byron Vaky, su misión era hacer del conocimiento del presidente de El Salvador un mensaje del presidente Carter: hay que acortar el periodo presidencial y convocar a nuevas elecciones de inmediato. Con esto creían que se podría conjurar los intentos de la izquierda por repetir la experiencia de Nicaragua. Vaky afirmaba que aquí existía una sociedad cuya estructura de clases era una de las más rígidas de América Latina y que esto dificultaba cualquier cambio democrático; al mismo tiempo agregaba que las posibilidades de evitar la violencia insurreccional disminuían rápidamente. Las declaraciones y actitudes de Vaky fueran interpretadas como el anuncio de la tormenta, razón por la que en los distintos mandos del Ejército se comenzó a hablar con más insistencia de un golpe militar.

Informes un tanto confusos y hasta anecdóticos refieren que entre los meses de julio y agosto y septiembre de 1979, el presidente Carter habría enviado nuevamente a El Salvador a su Secretario de Estado Adjunto, para que se entrevistara con el presidente Romero y le reiterara su mensaje personal. Fuentes militares y civiles de mucha credibilidad consultadas para el caso, reconocieron la posibilidad de que esas entrevistas se hayan realizado, pero pusieron en duda que el tono de las mismas haya sido de irrespeto. Sin embargo el mismo ex Presidente Romero, aprovechando una visita que le hiciera a mediados de agosto de 1979, el ahora General retirado, Juan Orlando Zepeda, que realizaba estudios en la Escuela Militar de México, le confió que el  mensajero de Carter, no solo insistió en acusar al gobierno de violar los derechos humanos sino que llegó a demostraciones insospechadas. Byron Vaky habría dicho al presidente Romero que el presidente Carter consideraba que  la situación por la que atravesaba el país era difícil e insostenible, por lo que recomendaba que se acortara el mandato presidencial y se convocara a elecciones adelantadas. Convocar a elecciones anticipadas significaba acortar el periodo presidencial. Según Zepeda, el presidente Romero, mostrando un alto sentido institucional se negó y, visiblemente alterado, respondió que no era el presidente Carter quien iba a decirle lo que debía hacerse en El Salvador. “Yo soy el Presidente Constitucional de la Republica y me debo al pueblo que me eligió, por lo que no puedo renunciar a mi cargo ni acortar el plazo para el que fui electo; mucho menos depositarlo en otras manos”. La anécdota refiere que Vaky frunció el ceño y contestó: -“Señor: si usted no lo hace lo va a lamentar”. Otras personas atribuyen al fallecido coronel Iraheta, militar de mucha confianza del ex Presidente Romero, haber dicho que el emisario de Carter había llegado al extremo de poner los pies sobre el escritorio donde despachaba el Presidente. Esta última aseveración restó credibilidad a lo relatado y la respuesta del Presidente Romero al emisario del Presidente Carter quedó en la simple anécdota. De todas maneras el Presidente Carlos Humberto Romero no entendió el mensaje.

La suerte estaba echada, de ser ciertas las advertencias a Romero de que debía renunciar o convocar a elecciones anticipadas, lo decían todo. No se trataba de una simple injerencia, se trataba de ordenar, era cosa de esperar. Hay que resaltar de manera especial que la política de Derechos Humanos, implementada por los Estados Unidos, cobraba suma importancia para El Salvador, no solo por el carácter universal del concepto, sino por la forma hábil en que la subversión la aprovechaba como estrategia de doble moral.

El General Romero, a pesar de los esfuerzos que hizo en los dos años y medio de su mandato, no logró detener el creciente movimiento revolucionario. Las organizaciones de masas se manifestaban a diario en las calles y prácticamente las ocupaban hasta que eran enfrentadas por los cuerpos de Seguridad y solo eventualmente por miembros del Ejército*. Las condiciones de insurrección crecían a toda velocidad, no parecía que hubiese nada que lo impidiera.

Como parte de su estrategia los grupos violentos planificaban sus actividades de calle de manera que coincidieran en hora y lugar con los servicios de relevo  – recoger tropa que había prestado servicio en puestos fijos como embajadas y edificios públicos, las 24 horas anteriores y cambiarlas por tropas de refresco -. Se trataba de camiones con cuarenta o cincuenta elementos que al recibir el impacto de una bomba molotov reaccionaban contra los manifestantes. Con estas acciones los revolucionarios provocaban a diario victimas que después utilizaban en su propaganda contra el ejército.

La situación del país era un caos, el presidente Romero había perdido el control del gobierno y estaba a la espera de lo que resultara después de la amenaza de los Estados Unidos. Mientras tanto los golpistas afinaban sus planes. La idea original del golpe cobra forma a finales de agosto de 1979 pero nadie parecía tomar la iniciativa y no había tiempo que perder.

El coronel Jaime Abdul Gutiérrez, Comandante de la Maestranza del Ejército, comenzó a reunirse con oficiales de igual e inferior jerarquía a quienes preocupaba la situación y reconocían su liderazgo dentro de la Institución Armada; También con algunos de sus compañeros de promoción a quienes habló sobre la preocupación de la juventud castrense. Estos eran de la idea que se debía buscar una solución a la problemática nacional que incluyera reformas urgentes a fin de frenar el  desborde social en el que se encontraba el país y la amenaza insurreccional.

En la UCA también se hacían planes. En un evidente intento por formar cuadros capaces de asumir las responsabilidades políticas revolucionarias que se vislumbraban, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” había implementado en la Facultad de Economía, la carrera de Ciencias Políticas, sin pre-requisitos académicos a fin de facilitar el ingreso de los distintos sectores del país. La carrera no era excluyente, bastaba con tener una cierta praxis política para ingresar a la misma. Se formaban así los cuadros políticos y se preparaba la ofensiva guerrillera de 1981.

Las dos primeras promociones de alumnos incluyeron un número selecto de profesionales, militares, obreros, sindicalistas y dirigentes políticos de izquierda que más tarde desempeñarían roles importantes en el FMLN. La Plana Mayor docente de dicha carrera estaba representada entre otras por Guillermo Manuel Ungo, Rubén Zamora, Salvador Samayoa, Ignacio Ellacuria, Luis de Sebastián, Alberto Arene (ambos profesores de economía marxista) y otros profesores invitados entre quienes figuraban elementos de reconocida trayectoria marxista.

Hacia finales del mes de octubre de 1979, lo que era rumor se tornó en hechos concretos. El gobierno del General Carlos Humberto Romero se había agotado rápidamente y se comenzaron a mover los hilos del cambio. El 15 de Octubre, un movimiento militar encabezado por un coronel progresista con respaldo democrático depuso al Gral. Romero.

El coronel e Ingeniero Jaime Abdul Gutiérrez, cabeza visible e indiscutible del movimiento, comenzó a buscar consenso entre sus compañeros de armas y sectores democráticos del país, sobre la necesidad del golpe y sobre la junta que habría de gobernar, pero los planes se retrasaban mientras más se acercaba la amenaza de condena contra el país en la OEA.

Los mandos militares que apoyaban la idea, estaban enfrascados en los pormenores sobre la estrategia a seguir en el momento decisivo: si se iba a capturar y de qué manera, al presidente de la Republica, a los miembros del Alto Mando del Ejército y a los Directores de los distintos Cuerpos de Seguridad. Esto entretenía el golpe.

La idea de que Román Mayorga podría ser un elemento consolidador del movimiento fue del general retirado José Adalberto, “el chele Medrano”. Gutiérrez se reunió en repetidas ocasiones con Medrano en quien reconocía a un militar cuyo conocimiento anti subversivo y geoestratégico del movimiento comunista internacional le había convertido en un militar odiado por unos y respetado por otros. En una de esas reuniones surgió el nombre de Román Mayorga Quiroz, Rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, caracterizada en esa época por su fuerte crítica al gobierno, crítica que profundizaba a través de su cátedra sobre la realidad nacional y por ser un bastión de los movimientos de izquierda. Román no aceptó de inmediato, pero como era de esperar, alertó no solo a la dirigencia jesuita en el país, sino a los grupos que se reunían en dicha universidad Centroamericana.

Lo que parecía una contradicción fue explicado por Medrano a Gutiérrez asegurándole que Mayorga Quirós era considerado como un social demócrata, no comunista y además, era hijo de otro militar, lo que hacía suponer que jamás traicionaría a la Fuerza Armada de El Salvador. Su prestigio internacional era su mejor carta de presentación; sin embargo, Mayorga Quiroz no se mostró muy interesado, al menos no dio muestras de estar muy convencido. Además, esperaban neutralizar a los grupos extremistas que se movían al interior de la UCA,

Es posible que el nexo entre los oficiales considerados como la juventud militar y el golpe, fuese Oswaldo Marenco, sobrino de la esposa del general Medrano, quien se desempeñaba como segundo de Jaime Abdul Gutiérrez en el cuartel de la Maestranza. Marenco y otro hermano que murió al estrellarse un helicóptero en la zona norte de Chalatenango, tenían cierta influencia entre sus compañeros de su “tanda” como se llaman las promociones que salen de la Escuela Militar ” Manuel Enrique Araujo” de la que era subdirector el coronel Adolfo Arnoldo Majano.

Aunque muy discretamente, Gutiérrez visitó durante los días previos al golpe al general Medrano. Pasaban largas horas discutiendo sobre el acontecer nacional y por supuesto, sobre algunos de los planes de Gutiérrez que ya había decidido la opción del golpe.

La casa de habitación de Medrano se convirtió en uno de los sitios donde se hablaba del golpe a pesar de que muchos de sus compañeros le recomendaban que no confiaban en Medrano.

En el Estudio, un enorme escritorio en el que había una enorme lámpara con lente aumento, como las que utilizan los arquitectos o ingenieros civiles, mostrando en forma desordenada  libros dispersos entre los que figuraba El Capital de Marx y un Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS, textos militares sobre la guerra y varios ceniceros repletos de colillas de cigarro. En una de sus paredes, una pizarra donde se estudiaban los conflictos del bipolarismo internacional; un mapa de Europa con los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética encerrados en grandes círculos. Tras una puerta, un cartel con la foto de la entonces guerrillera Ana Guadalupe Martínez, impreso en color rojo, alzando con ambas manos un fusil y un rotulo que decía Ejército Revolucionario del Pueblo ERP.

Los golpistas se movían con gran facilidad, parecían contar con el apoyo de los Estados Unidos; la Embajada, preocupada por el fortalecimiento de los grupos armados, sabía lo que estaba ocurriendo, pero se cuidaba de no demostrarlo para no entrar en choque abierto con el gobierno de Romero.

 Tras una serie de negociaciones dentro del ejército, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, sugirió a varios militares de alto rango, entre ellos los Generales Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova, que asumieran la responsabilidad histórica del golpe, pero estos no se decidían; es entonces cuando el coronel Jaime Abdul Gutiérrez se constituye en el artífice del golpe.

Gutiérrez, que pertenecía a la categoría de los servicios*, pensaba que la presencia de militares relativamente jóvenes era necesaria, no solo para contrastar con la “juventud contestaría” de la entonces guerrilla, sino para hacer coherente su proyecto renovador. Esa consideración le llevó a contactar con el coronel Adolfo Arnoldo Majano, sub Director de la escuela Militar “General Gerardo Barrios”. Además de una cara joven, Majano seria uno de los militares que integrarían la Junta Revolucionaria de Gobierno. Con el respaldo de los creía poder neutralizar cualquier oposición proveniente de los jesuitas, e inclusive que obtendría su apoyo; apreciación en la que se equivocó como quedaría demostrado tres meses después.

El respaldo al golpe estaba decidido; más del 80 por ciento de los cuarteles estaban listos. A estos se incorporaron oficiales que se hacían llamar la “juventud militar”, con influencia jesuita que dijeron estar de acuerdo. 

El sábado 13 de octubre todo parecía caminar sobre ruedas, sin embargo, un inconveniente imprevisto parecía poner en peligro el movimiento. El viceministro de Defensa, coronel, Eduardo, “chivo” Iraheta, llamó de urgencia a su despacho al coronel Gutiérrez y sin dar vueltas a la cosa le preguntó en forma abrupta sobre el golpe contra Romero, asegurándole que ya se encontraban detenidos dos de los implicados: los capitanes de la Fuerza Aérea Mejía Pena y Rodolfo Salazar. Un tercero estaba a punto de ser detenido, el capitán Francisco Mena Sandoval quien se encontraba bajo el mando de   Gutiérrez. Este, sin perder el control de la situación, aseguró a Iraheta no saber nada al respecto. Visiblemente alterado, Iraheta le dijo a Gutiérrez que había ordenado a la Policía de hacienda que arrestaran un subordinado de este, el capitán Francisco Mena Sandoval, pero Gutiérrez le convenció de que con ese procedimiento podría producirse un enfrentamiento innecesario El acuerdo fue que el mismo Gutiérrez arrestara a Mena Sandoval y lo entregara a la Policía de hacienda.

Al llegar al Cuartel de la Maestranza, Gutiérrez ordenó que se presentara a su despacho Mena Sandoval, pero no fue sino hasta entrada la tarde que el oficial se reportó en aparente estado de ebriedad. Gutiérrez le reclamó a Mena su irresponsabilidad y sus indiscreciones, pero no lo arrestó. Se limitó a proporcionarle dinero en efectivo para que escapara a Guatemala mientras se materializaba el golpe, pero este lo que hizo fue esconderse en una casa de citas donde pasó bebiendo hasta después del golpe.

El coronel Jaime Abdul Gutiérrez se trasladó a primeras horas de la mañana el 15 de octubre de 1979 a la Primera Brigada de Infantería, Cuartel San Carlos; Ahí estableció la base de operaciones para el golpe.

Una avioneta piloteada por un capitán de apellido Salazar, había sobrevolado desde muy temprano todas las instalaciones militares del país verificando la señal de respaldo y apoyo al movimiento. Se había acordado que los cuarteles a favor dibujaran con cal o cualquier otro material, una cruz blanca en su patio principal y así lo habían hecho. Salazar se aproximó al patio del San Carlos sobrevolando a poca altura para indicar con señales acordadas que todos los cuarteles se encontraban listos. De inmediato Gutiérrez dio instrucciones al Teniente Coronel Francisco Guerra y Guerra que buscase al Coronel Majano a fin de que se hiciera presente en el cuartel. Después de alguna insistencia, Majano se presentó al San Carlos acompañado de su hermano el entonces periodista y corresponsal de prensa de ACAN-EFE, Rosendo Majano.

En una acción poco afortunada, Majano, junto a Guerra y Guerra, trató de aprovechar diferencias históricas entre los Oficiales llamados “de las Armas” y los “de los Servicios”, intentando desplazar a Gutiérrez y autonombrándose” jefe militar de la Junta”. Al saber de esto, los cuarteles que habían ofrecido su apoyo al grupo de Gutiérrez amenazaron con retirar su apoyo al golpe. Guerra y Guerra fue apartado y Majano se tuvo que conformar con ser el segundo militar dentro de la Junta, reconociendo a Gutiérrez como el primero.

11:00. 15 de octubre de 1979.

Once de la mañana del 15 de octubre de 1979. El coronel Jaime Abdul Gutiérrez agarró el teléfono oficial y llamó a través del 218280 al operador de servicio.

-. “Habla el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, Por favor; Comuníqueme con el señor Presidente de la Republica”. (Breve espera) -. “Hable mi coronel”:

-.” Mi General, (dirigiéndose al presidente de la república). = Habla el coronel Jaime Abdul Gutiérrez en nombre de la Fuerza Armada de El Salvador. – “Usted debe haberse dado cuenta que estamos en rebeldía y desconocemos la autoridad suya como comandante General de la Fuerza Armada”. – -. “Le damos tres horas para que abandone el país; le garantizamos respeto total a su persona y su vida; debe llevarse al alto Mando y a los jefes de los cuerpos de Seguridad”. (Interrupción) presidente Romero: -.” ¡Pero! qué putas! está haciendo usted? –Gutiérrez. – “Mi General, le estoy garantizando…. (Nueva interrupción) Presidente Romero: (hablando a gritos) “Es una Locura, piensen en el país,… qué me dan a cambio?…-Gutiérrez.- “- Lo siento mi General. (Cuelga el teléfono).

15 de octubre del 79, 11:20. El Presidente Romero pide que los golpistas reciban un emisario y nombra para ello al coronel Rafael Flores Lima, hasta entonces Secretario de Información de Casa Presidencial, cosa a la que accede Gutiérrez. Romero quiere negociar su retiro. Flores Lima manifiesta que Romero ha solicitado un avión al presidente de Guatemala, General Lucas García, para que lo trasladen a esa nación vecina; pide ampliar el plazo otorgado por los golpistas y solicita tres horas más de las ordenadas. A las seis de la tarde de ese día, después de gobernar por dos años y medio al país, Romero abandona El Salvador. En el Cuartel San Carlos Gutiérrez y Majano tenían el control.

El 17 de octubre, dos días después del golpe, Román Mayorga Quiroz se comunicó telefónicamente con el coronel Gutiérrez para decirle que sí aceptaba formar parte de la Junta, pero con algunas condiciones, cosa que los golpistas aceptaron sin ningún reparo.

Mucho se ha dicho sobre quién o quiénes fueron los autores de la Proclama de la Fuerza Armada del 15 de octubre de 1979. Gutiérrez afirma que no fueron ni el Mayor Mariano Castro Moran ni el doctor Francisco Roberto Lima, ni mucho menos los hermanos Guerra. El coronel Gutiérrez asegura que la Proclama fue elaborada por el Mayor Álvaro Salazar Brenes quien posiblemente contó con alguna ayuda de la UCA. Se sabe, sin embargo, que el reconocido intelectual de izquierda, Ítalo López Vallecillos, hizo una última revisión del documento antes que el mismo fuera entregado a Gutiérrez, este a su vez, tachó y corrigió buena parte del documento a fin de “suavizar” algunos términos del mismo y aproximarlo al texto y espíritu de La carta de Bogotá. En opinión de Gutiérrez, Salazar Brenes fue el único responsable de ese documento histórico.

Eran las tres de la madrugada del día 16 de octubre cuando se le dio lectura en las instalaciones del Cuartel San Carlos, frente a unos cincuenta periodistas nacionales e internacionales. La parte medular de la Proclama establecía el cese de la violencia y la corrupción; garantizaba la vigencia de los derechos humanos y prometía adoptar medidas que condujeran a una distribución equitativa de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo y en forma acelerada, el producto territorial bruto.

El Foro Popular, creado en septiembre de ese año y en el que participaban algunas organizaciones como, FENASTRAS, FAPU, Frente de Acción Popular Unificada, Ligas Populares “28 de febrero” y el Partido Comunista, (Unión Democrática Nacionalista UDN); Partido Demócrata Cristiano, Partido Social Demócrata, el MNR y el Partido Unionista Centroamericano PUCA; pidieron la mediación del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, para que se incluyera un representante de ese grupo en el nuevo gobierno. La nueva Junta, de manera conciliadora, aceptó y los recibió en el San Carlos el día 17 de octubre. La lista que presentaron a escoger incluía a Guillermo Manuel Ungo y Antonio Morales Erlich. Aunque en un primer momento los militares optaron por Morales Erlich, el Foro exigió que se respetara el orden de la lista, por lo que el otro miembro de la Junta fue Ungo. Ninguno de los civiles que se integró a la junta de gobierno participó activamente en el golpe del 15 de octubre, aunque algunos sectores con los que simpatizaban buscaban una fórmula en la Asamblea Legislativa para acortar, en consonancia con los deseos del presidente Carter, el periodo presidencial para el que había sido electo el General Romero.

Héctor Dada Hirezi, quien tres días después se convertiría en canciller de la Republica, tampoco sabía del golpe. Según afirmaciones de este, el día del golpe, a eso de las dos de la tarde, se le aproximó una persona en la Universidad José Simeón Canas, donde se desempeñaba como director del Departamento de la Facultad de economía, preguntando si no temía por su vida debido a que había ocurrido un golpe de estado. Dada Hirezi, no sabía lo ocurrido por lo que se comunicó con Ungo quien también se encontraba en la UCA. Ungo aseguró a su amigo y compañero que tampoco sabía lo que pasaba, pero se comprometió a buscar información al respecto. Una hora después Dada Hirezi trató de comunicarse con Ungo, pero le informaron que había salido de la UCA rauda y sorpresivamente. Dada Hirezi se dijo para sus adentro “Este ya va a aparecer en algo”. Efectivamente, Ungo se había convertido en el civil más importante y controvertido de la Junta de gobierno que encabezaba Jaime Abdul Gutiérrez. Cuatro días después el mismo Dada era juramentado como el primer miembro del gabinete revolucionario en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores.

Héctor Dada jugó un papel verdaderamente importante en la primera Junta de Gobierno. Inicialmente el General Gutiérrez había seleccionado para el cargo de canciller al Dr. Roberto Albergue Vides y dada la proximidad de la Conferencia a celebrarse en La Paz, capital de Bolivia, donde se esperaba que el Salvador iba a ser condenado como violador de los Derechos Humanos de los salvadoreños, este ya había viajado a ese país suramericano a defender la causa del país y su nuevo gobierno. Sin embargo, ocurrió algo imprevisto, el arzobispo Romero se había convertido en el pozo a donde todos iban a beber. El coronel Gutiérrez le había solicitado su intervención a fin de que el discurso de la Iglesia bajara el tono en cuestiones del Estado, cosa a la que este accedió, pero no sin antes de algunas condiciones. Una de ellas pudo ser la recomendación de nombrar a Dada Hirezi como ministro de relaciones exteriores.

Considerándolo de vital importancia para calmar los ánimos violentos que amenazaban con desbaratar el golpe, Gutiérrez sacrificó el compromiso y la palabra dada al Dr. Albergue vides y nombró a Dada Hirezi quien de inmediato, inclusive sin tiempo para conocer su despacho oficial, partió para La Paz donde defendió en el pleno de la Conferencia de la OEA la nueva posición del nuevo gobierno salvadoreño. Difícil tarea si consideramos que, en su rol de intelectual demócrata, en más de una ocasión había externado su opinión consonante con las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional que pedían condenar a El Salvador y que se encontraban en La Paz, Bolivia. Cumplió su labor satisfactoriamente, sin embargo, como veremos más adelante, le esperaban otros retos. 

A pesar de los esfuerzos que se hacían por pacificar al país, las organizaciones que integraban el Foro permanecían causando violencia.

En un doble juego, el partido comunista salvadoreño filtró algunos de sus más importantes cuadros en el nuevo gobierno. Aparenta estar de acuerdo con los militares progresistas e institucionalistas, socialdemócratas y demócratas cristianos que integraban la Junta que había derrocado al general Carlos Humberto Romero el 15 de octubre de 1979, para ganar tiempo mientras llegaba la ofensiva.

 En su doble juego, el FDR-FMLN tenía un discurso de lucha política y otro de carácter insurreccional.  En noviembre de ese año, el FDR organiza la Coordinadora de Masas y más tarde, el 15 de diciembre, en Cuba y con el patrocinio de Fidel, los comandantes del FMLN constituyen la Dirección Revolucionaria Unificada DRU, que vendría a ser la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Mientras la Junta Revolucionaria de Gobierno hacia grandes esfuerzos por consolidar el golpe y llevar al país por la vía democrática, el PCS se organizaba para llevar a cabo sus planes insurreccionales.

Posteriormente, el día 18, la Cámara Salvadoreña de Comercio e Industria, un sector de mucha importancia durante esa época, solicitó participar en la Junta proponiendo para los efectos a tres de sus principales miembros, los empresarios Leonel Mejía, Mario Andino y Jesús Funes. Los militares de mayor rango eran del criterio que la persona más adecuada para integrar la Junta era Leonel Mejía, pero los más jóvenes y de menor rango, presionaron para que fuera Mario Andino el otro miembro civil de la Junta.

Los dirigentes del golpe, presentaron un programa centrista de gobierno que incluía tres reformas fundamentales: La Agraria, la de la Banca y la del Comercio Exterior. También aseguraban su intención de hacer los esfuerzos que fueran necesarios para que cesara la violencia de los cuerpos de seguridad contra la población civil y la implementación de un verdadero sistema democrático en el país.

Se organizó un gabinete de ministros cuya mayoría era de fuerte identificación izquierdista y que se habían opuesto a los gobiernos del PCN, entre ellos, el democristiano Rubén Zamora como ministro de la Presidencia y Jorge Villacorta, quien fue nombrado ministro de Agricultura. En una hábil maniobra de distracción, el coronel Gutiérrez nombró de inmediato al coronel José Guillermo García, ministro de Defensa y al coronel Nicolás Carranza, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada. La inclinación izquierdista de la mayoría del gabinete provocó que los sectores conservadores del país dijeran que se trataba de un gobierno comunista.

El arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, uno de los más duros críticos del gobierno del general Romero, reconoció que se estaban haciendo verdaderos esfuerzos por corregir los abusos a los derechos humanos al tiempo que expresaba públicamente su esperanza en las buenas intenciones del nuevo gobierno.

La verdad es que desde hacía cierto tiempo el coronel Gutiérrez frecuentaba al arzobispo, quien compartía con su visitante la comida típica que le preparaban las monjas en su residencia del Hospital la Divina Providencia.

El arzobispo Romero atendía cualquier reunión, aunque nunca estaba solo. Por lo general le acompañaban dos o tres sacerdotes que no intervenían en las pláticas de este. Entre estos se pueden mencionar a los padres Urioste y Paco Estrada. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que tanto la preocupación como la influencia del arzobispo Romero, encontraron respuesta en el programa de gobierno que ofrecía implementar la Junta de Gobierno. A pesar de ello los grupos de izquierda incrementaron las protestas y huelgas en todo el país y rechazaron dialogar con el nuevo gobierno.

Aunque se esperaba que el golpe de estado y la conformación de la Junta Revolucionaria de Gobierno frenaran el movimiento popular, o al menos dieran un respiro, las cosas empeoraron. Fueron tres días que se caracterizaron por una violencia pocas veces vista; al igual que había ocurrido en Nicaragua. Las fábricas instaladas a lo largo del Bulevar del Ejército fueron tomadas por grupos guerrilleros; en la ciudad de Mejicanos los subversivos incitaban a la población a tomar las armas que les ofrecían y que al final quedaron abandonadas porque muy pocas personas les hicieron caso. Tanto las ciudades ocupadas como las fábricas fueron desalojadas por el Ejército en operaciones coordinadas por el coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Durante la primera semana después de que la Junta tomó el poder, los organismos internacionales de derechos humanos denunciaron un centenar de muertos debido a la violencia política.

El hecho de que el Partido Demócrata Cristiano, la organización tradicional y más fuerte de la oposición salvadoreña, no estuviera representado en la Junta Revolucionaria había que explicarlo de la siguiente manera: Las fuentes de inteligencia del estado habían llegado a la conclusión de que se trataba de una maniobra del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, y del Partido Comunista, ambos del Foro Popular, para evitar la llegada de dirigentes demócrata cristianos como Napoleón Duarte o Antonio Morales Ehrlich a quienes consideraban con suficiente poder para neutralizar el proyecto insurreccional de los comunistas. Sin embargo, el PDC permitió a otros dirigentes escalar posiciones clave en el nuevo gobierno como Mario y Rubén Zamora, Héctor Dada Hirezi y Jorge Villacorta quienes ocuparon los ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores y Agricultura.

La presencia de Mayorga, de Ungo y de los llamados progresistas del PDC, así como de figuras de izquierda ligadas a los jesuitas, puso en guardia a la empresa privada, que no apoyó (e incluso saboteó) a su representante. Los militares tradicionales, interinamente replegados, también se pusieron en guardia. Durante el mes de diciembre de ese año, la organización “Paz y Trabajo”, integrada especialmente por mujeres asociadas a la derecha económica del país, anunciaron que marcharían vestidas de blanco en protesta por lo que llamaban “apoderamiento comunista del país”.

Las declaraciones de respaldo a “Pro Paz y Trabajo” hechas por el General José Alberto Medrano, y el hecho de que, en su marcha, las mujeres de blanco se hubieran detenido frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada y entregaran personalmente al coronel Carranza, considerado como un militar de extrema derecha, su protesta, hicieron que de inmediato comenzaran las pugnas entre los participantes civiles en la Junta, así como buena parte de ministros y los militares. Uno de ellos, al parecer el Ingeniero Héctor Dada Hirrezi, quien había sido nombrado ministro de relaciones exteriores, reclamaba especialmente porqué se había permitido la manifestación de “Pro Paz y Trabajo” y porqué esta no era reprimida como se hacía con los grupos de izquierda. Se pidió la detención de Medrano.

Cómo vio la Prensa Internacional ese evento.

SAN SALVADOR, 2 (AP) Por EDUARDO VAZQUEZ BECKER. -La división entre los cinco integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno, se ahondo por un desacuerdo en torno a un pedido de detención del General retirado José Alberto Medrano, un decidido anticomunista.

Medrano fue acusado por el Foro Popular, – una organización de sindicatos y grupos políticos que apoyó el golpe de Estado del 15 de octubre que instalo a la Junta de dos coroneles y tres civiles- de violar un decreto del nuevo gobierno.

El controvertido General de 62 años de edad, convocó la semana pasada a un acto anticomunista a los miembros de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN fundada por en 1967.  ORDEN fue proscrita por un Decreto del nuevo gobierno por considerarla un cuerpo represivo usado por el gobierno del derrocado general Carlos Humberto Romero y sus antecesores para eliminar a opositores.

El Foro Popular pidió, antes de acusar a Medrano, que la Junta de Gobierno emitiera “Un pronunciamiento contra la oligarquía” y que asumiese el control del ejército. Reclamó, además, la destitución de Mario Andino, representante del sector empresarial en la Junta de Gobierno.

Las demandas del Foro Popular fueron dramatizadas con la renuncia del ministro de trabajo y otros altos funcionarios del gobierno fundada en que un sector de la Junta se dirige a la derecha del espectro político salvadoreño.

El Foro dio un plazo de 24 horas para recibir respuesta de la Junta a su demanda y amenazó con retirar del gobierno a nueve ministros, once viceministros, cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios que militaban en sus filas, caso de que no se emitiera el pronunciamiento exigido.

Dos miembros de la Junta de Gobierno, Manuel Guillermo Ungo – dirigente del Foro- y Román Mayorga, respaldaron la demanda del Foro. Se opusieron Mario Andino y el coronel Jaime Abdul Gutiérrez. No había una definición por parte de Majano, pero Fuentes allegadas al gobierno indicaban que este simpatizaba con el grupo de Ungo.  El ministro de la Presidencia, Rubén Ignacio Zamora, también apoyó la petición del Foro de que fuera detenido y enjuiciado el General Medrano.

El militar retirado había denunciado públicamente la tendencia izquierdista de varios miembros de la Junta de Gobierno, y los acusó de propiciar una congelación de la propiedad rural a fin de realizar una Reforma Agraria de fondo que evitaría el latifundio.

Su convocatoria anticomunista congregó a más de 10.000 personas. Medrano fue director de la Guardia nacional y había sido miembro honorario del Ejercito de los Estados Unidos, con el que sirvió en Vietnam con el grado de coronel. Medrano fue asesinado por las Fuerzas Populares de Liberación FPL, – comunistas- el 23 de marzo de 1985.”

 La espiral de violencia entre los grupos armados de izquierda y los cuerpos de seguridad siguió durante noviembre y diciembre de 1979. El país vivía un ambiente de violencia mientras la esperada reforma agraria tardaba en implementarse. Estaba claro que la alianza no duraría mucho tiempo.

La verdad es que los miembros civiles del gabinete lo que pretendían era desestabilizar el nuevo gobierno en espera de que se profundizaran los planes izquierdistas de tomar el poder por la vía violenta y cuyos planes estaban ya en poder de las autoridades.

Casi a finales de año (79), los Cuerpos de Seguridad estuvieron a punto de capturar al dirigente comunista y Jefe Supremo de las Fuerzas Populares para la Liberación, FPL, Salvador Cayetano Carpio, – comandante “Marcial”-, pero este logró evadir a sus captores huyendo en un taxi, sin embargo, en la huida, dejó abandonados en el lugar donde se encontraba, importantes documentos que ponían al descubierto los planes insurreccionales previstos para corto plazo. En esa documentación, además de referirse los planes insurreccionales, figuraban documentos y actas de la reunión efectuada en Cuba el 15 de diciembre de 1979, en la que la máxima dirigencia de los cinco grupos armados, juntamente con Fidel Castro, constituyeron la Dirección Revolucionaria Unificada DRU, que terminó siendo la Comandancia general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, durante la ofensiva del 10 de enero.

El 28 de diciembre de 1979, dos meses trece días después del golpe, el coronel Gutiérrez fue convocado por la mayoría del gabinete a una reunión especial en Casa Presidencial. Aunque el pretexto de la reunión era analizar lo que consideraban un incremento en la violencia contra las organizaciones populares y la aparente tolerancia hacia los grupos de la derecha, en realidad lo que pretendía era sacar al coronel Gutiérrez de la Junta, fortalecer al coronel Majano y abrir espacio para otro dirigente izquierdista que indudablemente hubiera sido del partido comunista.

Gutiérrez se percató de lo que ocurría y aceptó asistir a la reunión, no sin antes hacerlo del conocimiento de los distintos jefes militares del país. A la hora señalada, Gutiérrez hizo su entrada en el Salón de sesiones de Casa Presidencial, donde ya lo esperaban la casi totalidad del gabinete, ¡solo que! ¡Sorpresa!, tras el coronel Gutiérrez hicieron su ingreso al salón más de cincuenta oficiales de distinta graduación quienes intervendrían en las discusiones con los civiles. El más sorprendido fue el Ingeniero Dada, quien de manera exaltada reclamaba que los civiles estaban siendo insultados y ofendidos por el ejército. La reunión terminó en un enfrentamiento que llevó a la ruptura de la Primera Junta. Había presagios de tormenta, tormenta que perdura a la fecha.

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