Los diputados de la Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño decidieron, ante la negativa del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a presentarse a una rendición de cuentas.
Ante la negativa del ministro Zelaya, el Presidente de la Comisión, el diputado René Portillo Cuadra, dijo a periodistas que se girará la orden al Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, para que efectivos de la institución que dirige lleven a Zelaya, con o sin su anuncia, el viernes 2 de septiembre a las 9:00 de la mañana, al recinto legislativo.
El diputado explico que en caso que el Director de la PNC decida no acatar la orden, este podría cometer el delito de incumplimiento de deberes, que sería sancionado con prisión de cuatro a seis años y la inhabilitación de su cargo.
El ministro Zelaya se ha negado a presentarse ante la Comisión por tres veces consecutivas, por lo que, en base el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) en su artículo 56, que establece que es obligatoria la asistencia de los funcionarios a las comisiones especiales y en caso de cometer la falta por tercera vez, se podrá proceder al apercibimiento por apremio; es decir, la obligación de comparecencia mediante el uso de la fuerza de seguridad.
La convocatoria realizada al titular de Hacienda es para recabar información sobre los ingresos que ha tenido el Estado para atender la pandemia del COVID-19.
Además, el artículo 132 de la Constitución de la República, reza en su primer inciso que: «Todos los funcionarios y empleados públicos […] están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declaración de aquellos así como las de cualquier otra personas, requerida por las mencionadas comisiones, será obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se se observan en el procedimiento judicial».
El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Martínez, un día antes de ser despedido por instrucciones de Bukele, informó que más de $3,200 millones ingresaron al país a través de préstamos, colocación de deuda, emisión de Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), y que ya se habían utilizado más de $2,600 millones de estos.
Al ser consultado sobre en qué se habían gastado, el entonces funcionario explicó que el Ministerio de Hacienda era el único que puede responder en qué han sido utilizados.
Zelaya ha repetido insistentemente que su asistencia a la referida comisión sería «perder tiempo», por lo que ha asegurado públicamente que no asistiría.
