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Bukele, bajo presión por supuestos favores a las maras

El presidente Nayib Bukele quedó atrapado entre una amenaza de Estados Unidos de quitarle el apoyo financiero a un plan para reducir la pobreza y una denuncia de que, en secreto, en 2019 abrió una negociación con la Mara Salvatrucha (MS-13) para conceder favores carcelarios a cambio de votos para el gobernante partido Nuevas Ideas.

Cuestionado por sus rasgos autoritarios y acorralado por la mezcla de deterioro socioeconómico, violencia criminal y golpe del coronavirus, Bukele entró esta semana a un agravamiento de las tensiones políticas internas y externas al cumplir apenas 15 de sus 60 meses de gobierno.

Bukele desmintió una revelación el pasado viernes del diario digital El Faro, que publicó que luego de que el primero de junio de 2019 asumió su mandato, autorizó a funcionarios de alto rango de su gobierno a buscar a líderes presos de la MS-13, una de las pandillas más violentas del mundo, y negociar prebendas en un intercambio de respaldo electoral.

«Jajaja», tuiteó Bukele, al intentar ridiculizar el reporte periodístico. «De verdad pensé que saldrían con algo por lo menos lógico», añadió, al aseverar que se trata de «una de las notas» de ese medio «más ridículas que he visto».

«Alguien», añadió, «les está pasando información falsa». «¿Ahora dicen que les damos privilegios? Muéstrenme un privilegio. Uno solo», retó.

Basado en profusa documentación del gobierno y en informes y registros de distintas dependencias carcelarias y de inteligencia penitenciaria, El Faro reveló que autoridades de la administración Bukele negociaron con jefes de la MS-13 otorgarle privilegios en las prisiones y reducir los homicidios, pero con la condición de que esa pandilla apoye a Nuevas Ideas en los comicios legislativos de 2021.

«Gobernaron 29 de los últimos 33 años». Exfuncionarios macristas le respondieron a Cafiero sobre las tomas de tierras

«Documentos oficiales del (Poder) Ejecutivo registran desde junio de 2019 negociaciones del actual gobierno con líderes encarcelados de la MS-13. A lo largo de los meses se pactó la reducción de homicidios y se discutieron beneficios carcelarios y apoyo electoral para Nuevas Ideas en 2021», publicó el medio digital, que aseguró disponer de «cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de Máxima Seguridad».

La papelería dejó «registro de lo negociado a lo largo de los meses en visitas a las cárceles, que va desde pequeños beneficios cotidianos iniciales», como permitir la venta en las cárceles de diversos productos alimentarios, y «llega» a un compromiso electoral, añadió.

«Llega hasta la promesa hecha por los funcionarios del Ejecutivo de reblandecer el régimen de máxima seguridad, erogar leyes y dar a los pandilleros ‘beneficios’ en caso de que el gobierno logre control del Poder Legislativo tras las elecciones de febrero de 2021», precisó.

«A cambio de estas concesiones, la pandilla con más miembros en el país se comprometió desde un inicio a cerrar ‘las válvulas’ de asesinatos y, más recientemente, a ‘apoyar’, según dicen textualmente documentos de inteligencia penitenciaria, en las elecciones venideras a Nuevas Ideas», recalcó.

Para el abogado y politólogo de izquierda, Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes (VIDAS), colectivo de San Salvador de defensa de derechos humanos, los desmentidos de Bukele «sin argumentos sólidos y contundentes, no convencen. No podemos seguir creyendo tales ‘explicaciones’ y ‘alegatos’, pues son los mismos de siempre».

«El trato a dichas personas (los mareros) se ha convertido en ‘moneda de cambio’ por parte de este y los anteriores gobiernos. Eso ocurre cuando las ‘políticas públicas de seguridad’ dependen de las próximas elecciones», dijo Cuéllar a El Universal.

En declaraciones a un telenoticiero, el Fiscal General de El Salvador, Raúl Melara, confirmó que indagará la denuncia, porque «nadie puede aprovechar de la institucionalidad para negociar con terroristas».

Contradicción

El informe periodístico contradijo la política reiteradamente proclamada por Bukele de ser implacable con «los terroristas», en alusión a los mareros. Bukele ordenó en abril anterior que los reos de la MS-13 y de su rival la Mara 18 (M-18), comenzaran a convivir mezclados en las cárceles de El Salvador.

No obstante, El Faro detalló que el pacto de la MS-13 y el gobierno «incluyó revertir a mediados de este año la decisión tomada en abril pasado de juntar a miembros de pandillas contrarias en las mismas celdas».

En un acto sin precedentes en la historia de la posguerra en El Salvador, sacudido por un conflicto bélico de 1980 a 1992, Bukele autorizó el 26 de abril pasado a policías y militares a usar la «fuerza letal» para contener el acelerado aumento de la violencia criminal de las maras, en un tenso escenario sociopolítico por la crisis del coronavirus.

Despiadados, inclementes, cegados por el odio y la venganza y regidos por uno de los códigos más mortíferos y sanguinarios en la historia de Centroamérica, las dos maras nacieron en la década de 1980 en California entre guatemaltecos , salvadoreños y hondureños que huyeron en esa época de las guerras centroamericanas. Tras esparcirse por EU, fueron deportados a sus países de origen a inicios del decenio de 1990 y llevaron violencia a El Salvador, Honduras y Guatemala.

Lío diplomático

En este escenario de controversias internas, Bukele se topó desde mayo pasado con un inesperado conflicto externo: Washington le advirtió que, por intentar desconocer la independencia de los poderes Judicial y Legislativo, podría suspenderle la entrega de unos 300 millones de dólares para un programa de combate a la pobreza.

Washington «apoya democracias fuertes que respetan la separación de poderes», reiteró la embajada estadounidense en El Salvador, en referencia a las revelaciones de que Estados Unidos cancelaría el desembolso de ese dinero.

Bukele fue catalogado, dentro y fuera de El Salvador, de autoritario por desacatar una resolución de la Sala Constitucional de El Salvador que, a inicios de abril y tras varias semanas de cuarentena por la pandemia, le exigió cesar los arrestos arbitrarios y violaciones a los derechos humanos.

El presidente rechazó estos y otros cuestionamientos, como el repudio interno y externo que recibió luego de que, apoyado en policías y militares, tomó el pasado 9 de febrero la Asamblea Legislativa para exigir que los diputados aprobaran un presupuesto de seguridad.

Al respecto, Washington previno al mandatario de que «la continuación de las conductas preocupantes» en cuanto a las condiciones democráticas para obtener la asistencia contra la pobreza, «podría acarrear consecuencias negativas» para la asociación entre Estados Unidos y El Salvador y eso es «algo que desearíamos evitar».

Con información de Diario El Universal/GDA

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