Editorial

Perdone señor Fiscal, pero alguien tiene que decirle estas cosas

El Fiscal General de la República, Raul Melara, lamentó el miércoles que la Jueza Tercera de Paz de Ahuachapán no usara “inclusive la fuerza”, con tal de obtener una prueba toxicológica que proviniera del cuerpo del diputado Arturo Simeón Magaña, quien el pasado fin de semana se vio involucrado en un accidente automovilístico en el que falleció una persona.

El fiscal Melara, obviamente impresionado por lo aparatoso y dramático del accidente y haciéndose eco posiblemente de los comentarios en las redes sociales reaccionó contra la Policía, a la que responsabilizó de no enviarle la información oficial del accidente sino hasta después de la flagrancia. 

Posteriormente el fiscal ordenó a la jueza de Paz de Ahuachapán para obtener una muestra toxicológica del diputado Magaña cosa a la que el legislador se negó asesorado por sus abogados. El fiscal arremetió contra la juzgadora calificándola de incapaz y negligente pasando por alto la independencia judicial.

“Me parece inaudito que una juez de la República diga que no realizó la prueba toxicológica alegando que la defensa había manifestado que la persona involucrado era diputado de la República, el fuero no aplica para las diligencias de investigación, el fuero es para evitar procesar a alguien que lo posee ante los tribunales correspondientes. La jueza estaba en la obligación de realizarla inclusive por la fuerza para que nosotros pudiéramos tener toda la evidencia necesaria y realizar las imputaciones pertinentes”, lamentó el fiscal.

A nuestro juicio lo inaudito es que el obligado a velar por la legalidad en El Salvador sea quien ordene “extraer fluidos” de la humanidad de una persona, “inclusive por la fuerza”; una prueba de esa naturaleza solo puede realizada de manera consensuada ya que practicarla “a la fuerza” la convertiría en una prueba ilícita que afectaría el desenlace de proceso. 

Doctrinariamente se ha establecido que una prueba toxicológica solo se puede tomar si la persona accede a ello, de lo contrario se estarían violando derechos humanos y garantías constitucionales. Además se debe comunicar la razón de la misma para que no sea considerada una prueba espurea.

Por otra parte, en una equivocada interpretación de lo que significa el fuero constitucional, el fiscal general recrimina a la juzgadora por no haber obligado a un legislador a someterse a una prueba de esa naturaleza a sabiendas de que la misma, de salir positiva, equivaldría a una autoincriminación a la que no está obligada ninguna persona máxime si para ello ha mediado la fuerza.

Queremos creer que el Fiscal, cuando dice “inclusive por la fuerza», se refería al uso de la fuerza legal porque de no ser así, estaría pidiendo a la jueza construir una prueba ilícita.

La prueba ilícita o prueba prohibida, como la prueba obtenida ilegalmente son sinónimos, es una prueba obtenida mediante la violación de derechos constitucionales, así como cualquier otro elemento probatorio que se deriva de ella.

En el primer caso opera la “regla de exclusión” y en el segundo caso, la doctrina de los frutos del árbol envenenado. En ambos casos, el mensaje central es que la prueba obtenida con violación a derechos constitucionales carecen de valor probatorio, por lo que no permite su valoración. De ello se colige que no es admisible pretender aplicar la Ley penal, a través de la violación de normas Constitucionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho reiteradas afirmaciones en el sentido de que toda prueba obtenida mediante coerción, puede dar pie a la doctrina del fruto de árbol envenenado.

En un editorial reciente le recomendamos al Fiscal revisar los casos Rais Martinez y Corruptela, “fabricados”, con prueba ilícita u obtenida ilegalmente por su antecesor Douglas Meléndez. Sin esas pruebas y sin la ayuda de testigos criteriados, esos casos jamás hubiesen progresado hasta la etapa en la que se encuentran.

La valiente actitud de un juez que rechazó las prensiones de algunos fiscales debido a lo que llamó “lagunas probatorias” y la más reciente de una jueza que se atrevió a decir no al Fiscal General, constituyen sin lugar a dudas una esperanza de que el órgano judicial está funcionando. Ojalá pronto pudiéramos decir lo mismo de la Fiscalía General de la República.

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