El FMLN pide se investigue el uso de fondos del MAG durante la pandemia en El Salvador

by Redacción

Un grupo de diputados del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pidió el martes a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el uso de más de 23 millones de dólares del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la pandemia de la COVID-19 por grandes irregularidades.

Según los legisladores, la cartera de Estado tomó fondos destinados al pago de salarios y otros gastos para la compra de alimentos a sobreprecio sin la autorización de la Asamblea Legislativa.

La jefa del grupo parlamentario del FMLN, Yanci Urbina, sostuvo que las autoridades del MAG pudieron cometer delitos como malversación de fondos, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.

«Hemos solicitado a la Fiscalía que inicie las investigaciones e indagaciones por la posible comisión de delitos y que se deduzcan responsabilidades», dijo Urbina.

Apuntó que las partidas presupuestarias de los referidos fondos, que suman unos 23,4 millones de dólares, fueron modificadas «de manera unilateral».

Agregó que el MAG solicitó al Parlamento un refuerzo a su presupuesto «para solventar esas adjudicaciones que ya hicieron», por lo que los contratos de compra «son nulos».

«Se ha comprometido la disponibilidad presupuestaria en términos de salarios para los trabajadores y también de otras áreas de funcionamiento (del MAG)», acotó la legisladora.

Anabel Bellos, también diputado del FMLN, señaló que el Gobierno ha sido señalado durante la atención a la pandemia de «incumplir la ley, favorecer a funcionarios, a sus amigos y también compras con altos precios».

Una docena de organizaciones sociales se mostraron preocupadas el pasado viernes por la falta de «acciones contundentes» en El Salvador contra los «indicios» de corrupción registrados durante la atención a la pandemia de la COVID-19 en el Ejecutivo de Bukele.

Varias publicaciones periodísticas han señalado en los últimos meses irregularidades en la compra de material de protección con las que se habría beneficiado a funcionarios públicos, sus socios y hasta familiares.

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