La Fiscalía General de la República (FGR) intervino el miércoles 25 inmuebles ligados al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y a otras personas vinculadas a una supuesta red de lavado de dinero, informó el Ministerio Público.
Ramón Ayala, de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, señaló que estos inmuebles están valorados en 946.950 dólares y se ubican en diversas zonas residenciales de San Salvador y en Chalatenango.
Añadió que también fueron congeladas 12 cuentas bancarias y 5 depósitos a plazo fijo por 414.829 dólares, para totalizar más de 1,3 millones de dólares.
Estos bienes serán sometidos a un proceso de extinción de dominio y quedarán, mientras un juez determina si pasan a poder del Estado, en custodia del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
La FGR acusa a Reyes, exdiputado del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y otras 13 personas por supuestas «operaciones ilícitas» con unos 6 millones de dólares.
Entre los casos investigados se encuentra la supuesta compra irregular de terrenos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y el cobro de viáticos injustificados en el Congreso.
El Ministerio Público ordenó la noche del jueves 9 de enero la detención administrativa de Reyes y de 13 personas más por los delitos de lavado de dinero, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes.
De este grupo únicamente fueron detenidas 10 personas, incluida la esposa de Reyes, Susy Melba Rodríguez.
El fiscal general, Raúl Melara, señaló durante una conferencia de prensa que «el último destino conocido» de Reyes es Francia y que se «especula» que puede encontrarse en Rusia o en algún lugar de Europa.
Melara informó el pasado 9 de diciembre que Reyes es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
Reyes es el primer expresidente del Congreso en ser enviado a juicio civil por decisión la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso que derivó en esta causa penal.
Reyes, guerrillero durante la guerra civil (1980-1992) y miembro del Partido Comunista Salvadoreño, que junto a otras organizaciones insurgentes formó el FMLN, fue diputado entre 2006 y 2015.
Posteriormente fue presidente del estatal Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).
