Editorial

¿Más corrupción en El Salvador?, entre la incredibilidad y la indignación

Por Luis Vázquez-BeckerS
Por Luis Vázquez-BeckerS

Casi 7 millones de salvadoreños hemos cumplido una cuarentena por la pandemia del coronavirus de manera obligatoria o voluntaria por ya más de tres meses.

Los últimos días han surgido numerosas denuncias de corrupción en el sistema sanitario del país, estas denuncias se pintan de indignación entre la población que no es seguidora del presidente Nayib Bukele y de incredibilidad entre sus fanáticos.

Funcionarios que le han vendido, supuestamente, pertrechos médicos al Gobierno a través de sus empresas, amigos o empleados.

Airadas acusaciones de nepotismo desde la misma cabeza del gobierno, hasta una de sus colaboradoras más cercanas, la ex efemelenista y ahora Jefe de Gabinete Carolina Recinos, han desatado la ira del oficialismo, que no ha dudado en hacer estallar su estrategia de descalificar cualquiera que dude de su honestidad, vilipendiando y destruyendo el honor de personas, instituciones y medios de comunicación.

El pandemónium comenzó con la destitución de un joven empresario que había sacrificado la dirección de sus empresas para atender una función oficial en ayuda de su “amigo”, Nayib Bukele, quien no dudó un segundo en sacrificarlo como “chivo expiatorio”, culpando a un corruptor, pero ignorando a su “brillante” ministro de Salud, Francisco Alabí, como corrompido, al haber firmado las compras en cuestión.

250, 750, 300 mil dólares en mascaras y mascarillas!!!!!!!!

Luego, en una jugada maestra de la oposición, surgen denuncias de nepotismo contra la ministro de ministros de Bukele, Carolina Recinos. Su esposo, embajador en Rusia; su hermana, Cónsul en los Estados Unidos; su hermano, gerente de BANDESAL; su hermana, dueña de una tienda dentro de un ministerio y, otra hermana, beneficiaria de un jugoso préstamo, de la institución financiera donde su hermano es gerente.

Quizá todo es coincidencia, pero por menos, la furia de un recién juramentado presidente Bukele cayó sobre los familiares de cualquier funcionario del Ejecutivo de la pasada administración del FMLN. Si estaban calificados para el desempeño de sus funciones fue irrelevante. Fueron humillados en redes sociales y “corridos” de su trabajo, donde algunos llevaban hasta 20 años laborando.

Hoy el caso es diferente, son “respetables” familiares de su grupo de confianza más cercano.

Este tipo de casos generan, evidentemente, mayor rechazo en la población, porque tienen que ver con un área tan sensible como la salud, en medio de una pandemia, que no ha claudicado en dejar sus efectos sanitarios, económicos y sociales y, porque la “promesa básica” de la Administración Bukele fue un rotundo “NO” a la corrupción que habrían cometido otros partidos políticos durante los últimos treinta años.

Sin embargo, no se puede despreciar la notoria espectacularización en el modo como se están tratando los casos a través de los medios de comunicación no alineados con el oficialismo.

Así como el misteriosos silencio del Ministerio Público en algunos casos, y los comentarios mordaces en las redes sociales de la Fiscalía en otros.

Esta situación se ha convertido en una encrucijada para el Gobierno, porque ha perdido peso su discurso de culpar de la corrupción al Gobierno de su antecesor y exaliado, el efemelenista Salvador Sánchez Cerén, al de Mauricio Funes, también del FMLN y Elías Antonio Saca, de ARENA, con quienes se “llenó la boca”, como si de ello dependiera la existencia de su proyecto político.

Las denuncias están en la propia casa y en el vecindario del Ejecutivo, así como en las esferas del oficialismo.

La oferta de que “el dinero alcanza cuando no se roba“, propuesta por el actual presidente, Nayib Bukele, al comenzar su mandato en 2019, ha quedado con «saldo en contra, por todos los acontecimientos».

Analistas, la academia y varias ONG´s incluso ven un posible «escenario de ebullición» social, si a la indignación de la gente por la corrupción se suma la desesperación ante la crisis sanitaria, el galopante desempleo y el eventual impacto de las medidas anticrisis impulsadas por el Gobierno.

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