Política

Ley de Estado de Emergencia por el COVID-19 queda en vilo en el Congreso

Las intenciones del Gobierno de prorrogar la Emergencia por 15 días más después del 16 de mayo fueron truncadas ante la negativa de la oposición para prorrogar el decreto legislativo 593.

La prórroga del Estado de Emergencia por 15 días que solicitó el Gobierno, no entró a discusión a la Asamblea Legislativa; 37 votos no fueron suficientes para que la pieza de correspondencia que contenía la prórroga fuera contemplada por los congresistas.

Según los procedimientos legislativos, para que pasara a la comisión de trabajo para su estudio eran 43 votos, por lo que ni se emitió dictamen para su entrada . 

La solictud fue enviada al Parlamento a última hora el jueves por el Órgano Ejecutivo, junto a varios informes del Ministerio de Gobernación y un plan de reactivación económica que se pudieron enviar al Congreso durante el último mes.

ARENA y FMLN habían anunciado que no darían sus votos para una prórroga del decreto debido a la «falta de transparencia del Gobierno al manejo de los fondos» de la emergencia y por varios abusos a las facultades del Ejecutivo.

No votó el diputado oficialista Guillermo Gallegos

Nueve diputados de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) votaron a favor del ingreso de la solicitud a la Asamblea Legislativa, pero sorprendió que Guillermo Gallegos, férreo defensor del Ejecutivo de Nayib Bukele no votó, sin dar explicación alguna.

El Partido Concertación Nacional (PCN) tuvo cinco votos a favor y cuatro de sus diputados no votaron; Cambio Democrático emitió su único votó a favor.

La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) marcó 22 votos a favor, 15 de sus diputados no votaron y uno se abstuvo. Por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se abstuvo a votar con la totalidad de sus 23 diputados.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), tuvo dos abstenciones y un voto a favor.

Sin embargo, diputados del PCN propusieron al pleno convocar a la Comisión Política para aprobar una nueva Ley de Emergencia el próximo lunes. En esta nueva ley, se proyecta añadir nuevas propuestas, las cuales permitan el inicio de acciones para la reactivación de la economía.

Los diputados de ARENA y FMLN manifestaron que no darían sus votos para extender el estado de emergencia y presentarán propuestas para que se inicie la reactivación de la economía de manera escalona, garantizando los derechos y la salud de la ciudadanía.

ARENA ha solicitado también que se derogue la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19 que habría sido malinterpretada y manipulada para crear el decreto ejecutivo 24, el cual que contiene la «cuarentena especial» dictada por el Gobierno entre el 7 y 21 de mayo. Así mismo, ARENA buscará superar el veto presidencial al decreto 630 con el que se busca una ley para beneficiar al personal de Salud y sus familiares.

Por su parte el FMLN solicitará que se cree una comisión interdisciplinaria para garantizar las medidas del decreto transitorio. Esta Comisión estaría conformada por profesionales de salud, economistas, sociólogos y representantes de otros sectores que ellos creen son necesarios para abordar la crisis actual.

El Estado de Emergencia actualmente limita la circulación con cordones sanitarios y prohíbe las concentraciones de personas, espectáculos y las clases; además, permite que el Ministerio de Salud (MINSAL) indique cuarentena a ciudadanos con sospecha o exposición a contagio. La ley prohíbe también el despido de trabajadores objeto de cuarentena por el COVID-19.

De no prorrogarse la Emergencia, un día después del 16 de mayo se volvería a la normalidad.

El Gobierno ya no podrá realizar contrataciones o compras por emergencia y tendrá que volver a aplicar la Ley Lacap.

Las clases en escuelas, colegios, universidades y academias se podrán reanudar.

Los plazos judiciales y administrativos que habían sido suspendidos serán reanudados, así como los espectáculos públicos, los actos religiosos y otras actividades que requieren la concentración de las personas.

El MINSAL ya no tendrá facultad de levantar cordones sanitarios y el Gobierno ya no podrá coartar el derecho ciudadano al libre movimiento.

La administración pública podrá regresar a sus labores en su totalidad y no se podrá prohibir a las empresas la suspensión de sus labores.

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