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Gobierno presenta un Plan de Seguridad enfocado en el ataque a las finanzas de las pandillas

No tregua ni negociación, recuperar territorios, reducir extorsiones, cortar la comunicación en las prisiones y perseguir a financistas de las maras, será la línea a seguir en Seguridad durante la Administración Bukele.

El presidente de la República, Nayib Bukele, descartó que su gobierno vaya a negociar con las pandillas que operan en el país y prometió que va a perseguir a sus financistas.

Bukele anunció un plan de seguridad para reducir la violencia que tiene como eje principal «atacar las finanzas de las pandillas y fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad».

Nayib Bukele, quien recién asumió su mandato el 1 de junio, dijo que la seguridad del Estado implementará un plan para recuperar los territorios controlados por las pandillas, llamadas «maras», cortar la comunicación en las prisiones, reducir las extorsiones y capturar a los presuntos financistas.

El jefe de Estado explicó, durante una rueda de prensa, que lo que se busca es que las pandillas «ya no tengan ingresos de efectivo, lo que volverá difícil que sus estructuras se mantengan y sigan delinquiendo».

«En lugar de atacar directamente a personas, se cortará la financiación que en su mayoría proviene de las extorsiones que estos grupos exigen a comerciantes», apuntó el mandatario.

Indicó que se intervendrán aquellas localidades «en las cuales se mueve más dinero de las pandillas producto de la extorsión», entre estas San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, San Miguel, Santa Ana y Santa Tecla.

Bukele señaló que la Fiscalía, la inteligencia militar y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) «ya están trabajando para capturar a los financistas (de las pandillas), y es probable que tengamos sorpresas en las próximas semanas».

«Se intensificará la presencia de la Policía y de la Fuerza Armada en los territorios dominados por estas estructuras», añadió.

El presidente agregó que la puesta en marcha del plan contará con la participación coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; la Dirección General de Centros Penales; la Fuerza Armada; la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En julio de 2016, las autoridades policiales y fiscales supuestamente habían golpeado las finanzas y el patrimonio de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) al desarticular una red que administraba el dinero de los principales líderes de dicha estructura.

Las autoridades del entonces gobierno del FMLN informaron en su momento de que el dinero aportado por las células de la pandillas era invertido por «La Federación», estructura conformada por los líderes nacionales de la MS13 en libertad, y era lavado principalmente mediante la importación y venta de vehículos usados.

Sin embargo los resultados de esa operación, ampliamente publicitados por el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, fueron un fiasco y no rindieron resultado alguno en la lucha contra la violencia.

Las pandillas poseen unos 60.000 miembros en todo el país y son culpables de cometer la mayoría de crímenes contra la población, policías, militares y custodios de penales.

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