Política

José Luís Merino resta importancia a su inclusión en lista negra de EE.UU

El viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, fue incluido en la lista de salvadoreños corruptos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU) presentó ante el Congreso del país del norte, en cumplimiento de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional.

Dicha normativa obliga al Pentágono a elaborar una lista de funcionarios investigados por gran corrupción, financiamiento electoral ilícito o que tienen vínculos con el crimen organizado.

Merino se negó a ser entrevistado por periodistas, pero a través de un colaborador cercano dejó en claro que no le importa la decisión de incluirlo en una lista a la que llamó “la lista de la venganza”.

El informe resalta el vínculo entre Merino y Alba Petróleos El Salvador, la empresa de economía mixta salvadoreña de la que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, es dueña en un 60 %.

Según el informe del Departamento de Estado norteamericano, Merino contribuyó al desvío de unos $400 millones a través de una serie de compañías ficticias a cuentas “offshore” radicadas en Panamá y otras compañías de fachada.

Sin embargo, el documento deja claro que Merino goza de inmunidad por su calidad de viceministro. Además, nunca ha sido procesado por ningún cargo.

Merino se suma a otros 10 salvadoreños considerados corruptos por el Departamento de Estado de EE.UU que fueron presentados al Congreso en una primera nómina que encabezaron los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena.

Además de Saca y Funes, también incluye a cinco exfuncionarios durante el gobierno de Saca: Élmer Charlaix, ex secretario presidencial; Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones; César Funes, exsecretario de la Juventud; Francisco Rodríguez Arteaga, exdirector de Finanzas; Pablo Gómez, ex asistente de Finanzas; y Jorge Herrera, exjefe de Tesorería. La lista la completan el exfiscal general de la República Luis Martínez y el exalcalde de Apopa Elías Hernández.

El listado, que está enfocado en el Triángulo Norte de Centroamérica, la completan 27 guatemaltecos y 12 hondureños.

Cuando fue presentada la primera lista, la congresista demócrata de origen guatemalteco Norma Torres reaccionó molesta, porque consideró que no se cumplió a cabalidad con lo solicitado. Tras la ampliación del listado, donde aparece el viceministro Merino, Torres dijo: “Este nuevo informe es un paso en la dirección correcta. La Administración Trump finalmente está comenzando a reconocer el grado de corrupción de alto nivel en el Triángulo del Norte”.

Una investigación publicada en la revista Séptimo Sentido, reveló una compleja operación inmobiliaria realizada en El Salvador, con indicios de lavado de activos y en la que participa el abogado José Mauricio Cortez Avelar como parte de una maraña de empresas.

Cortez Avelar aparece identificado por tres instituciones de los Estados Unidos como uno de los principales prestanombres de Merino, para quien un grupo de congresistas norteamericanos han pedido una indagación financiera.

Además, una reciente investigación, dirigida por Douglas Farah y Caitlyn Yates en alianza con IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS, en inglés), confirmó que Alba Petróleos forma parte de una red criminal internacional vinculada a PDVSA, que se extiende desde El Salvador hasta Estados Unidos, Rusia, Hong Kong y varios paraísos fiscales.

Según la indagación, el viceministro Merino y “otros testaferros” han colaborado con Chávez y Maduro para lavar dinero al crear empresas falsas y realizar compras falsificadas de petróleo, valiéndose de las operaciones de Alba Petróleos.

Las autoridades salvadoreñas han informado que Merino tiene abierto un expediente en la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero e incluso narcotráfico; sin embargo, nunca han presentado ninguna acusación formal en su contra en los tribunales salvadoreños.

Merino ha negado en repetidas ocasiones los señalamientos que le adjudican en EE.UU y que llevaron a un grupo de congresistas de ese país a pedir una investigación amplia, solicitud que las autoridades salvadoreñas han manejado siempre con cautela.

Con información de DiarioLatino.net

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