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Activistas y revoltosos marchan haciendo desordenes con pretexto de la privatización del agua

Unas 200 personas, entre activistas de izquierda y revoltosos, marcharon el miércoles desde la Universidad de El Salvador (UES) hasta el Centro de Gobierno para exigir la aprobación de una ley del agua que excluya una representación de la Empresa Privada en la administración del recurso hídrico en El Salvador.

La marcha se realizó en respuesta a un acuerdo alcanzado el lunes en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa que busca incluir a dos representantes del sector agropecuario e industrial en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

La protesta, organizada por la UES con el apoyo de diversas organizaciones de choque popular, estuvo encabezada por el rector del centro de estudios superiores, Roger Arias, quien pidió a los salvadoreños que salgan a las calles hasta lograr que el agua sea reconocida como un derecho humano bajo gestión pública que no contemple a la empresa privada como actor en el tema.

«El llamado es a todos los salvadoreños para que salgamos a las calles y defendamos nuestro derecho humano al agua y el futuro de nuestras familias», arengó Arias, quien efectuó el recorrido acompañado de supuestos universitarios y miembros de sindicatos de la UES, que por momentos se tornaron violentos y dañaron la propiedad privada por donde pasaban.

Al término de la marcha, un grupo de organizadores intentaron entrar en la Asamblea Legislativa de manera agresiva, pero no fue posible, ya que los miembros de seguridad del órgano de Estado cerraron las puertas del edificio.

Además, ante la convocatoria de la manifestación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, decidió suspender la sesión plenaria de este miércoles «para salvaguardar la integridad de los empleados, visitantes y diputados».

«Tomando en cuenta los antecedentes de marchas previas y con el objetivo de salvaguardar la integridad de empleados de la Asamblea, visitantes y diputados, se suspende la sesión plenaria de este día», comunicó Quijano a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, el político se refirió a los disturbios que se generaron en junio pasado al concluir otra marcha en supuesta defensa del agua como bien público, cuando un grupo de personas trató de entrar por la fuerza en el Congreso, quebrando vidrios, lanzando piedras e hiriendo a empleados del primer Órgano del Estado y a algunos reporteros que cubrían el evento periodístico.

La decisión de Quijano fue duramente criticada por los manifestantes, quienes mostraros su rechazo a la medida de suspensión de la sesión y cierre de los accesos al Congreso.

El acuerdo legislativo que despertó el recelo de una parte de la población forma parte de un anteproyecto de ley del agua, que debe ser discutido en su totalidad y pasar al pleno de la Asamblea para su aprobación, por lo que aún no es definitivo.

La iniciativa tuvo los votos favorables de representantes de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

Los dos diputados del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se opusieron a la iniciativa, mientras que un legislador de GANA se abstuvo.

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en un acto de propaganda, llamó el martes a la Asamblea Legislativa «a escuchar un (supuesto) clamor del pueblo y a no aprobar una ley que privatice la gestión del agua», a través de un mensaje en Twitter en el que también rechazó «contundentemente cualquier tipo de privatización de este bien público».

Según una publicación del Congreso, el diputado de GANA Adelmo Rivas señaló el lunes que «la correlación de la autoridad hídrica quedaría favorable al Estado, pues el sector privado tendrá únicamente a dos representantes, mientras que del sector estatal estarán cinco».

Rivas votó para permitir la participación del sector agropecuario en el ANA.

La Asamblea Legislativa lleva años intentando aprobar una llamada Ley General de Aguas en medio del rechazo de algunos sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia Católica, que denuncian que, a pesar que se les ha explicado en repetidas ocasiones que si de siete miembros en el ANA, sólo dos son representantes de la empresa privada y no existe intención de privatizar, el servicio sería privatizado, lo que ha llevado a la realización de decenas de manifestaciones de calle.

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