Editorial

La iglesia católica, que pregona el perdón en el mundo, fomenta la venganza en El Salvador

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, rechazó el domingo la creación de una nueva ley de amnistía, cuyo proyecto se planteó en el Congreso porque, según él, «protegería a los victimarios favoreciendo su impunidad y violaría los Derechos Humanos de las víctimas» de la guerra en el país (1980-1992).

Escobar Alas manifestó su «desacuerdo» con la propuesta, presentada en la Asamblea Legislativa por el diputado Rodolfo Párker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), bajo el título de «proyecto de ley de reconciliación nacional».

El arzobispo se opuso a su aprobación porque dice “sería una ley espuria como la ley de amnistía del 93, totalmente injusta, que en vez de proteger a las víctimas, las revictimizaría y protegería a los victimarios favoreciendo la impunidad burlando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y violando los Derechos Humanos».

Una sentencia de Sala de lo Constitucional de la CSJ de julio de 2016 anuló la amnistía general decretada en 1993 por el Congreso, indicando que una nueva ley debería ser emitida, subsanando algunos errores de forma de la primera.

«Pedimos a los diputados rechazar el proyecto y emitir una ley de reconciliación en el espíritu de la sentencia, de verdadera reconciliación, mediante un ejercicio de justicia transicional que proteja y brinde reparación a las víctimas. La Iglesia está del lado de las víctimas y abogaremos siempre por ellas», insistió el arzobispo.

La petición de la Iglesia salvadoreña es desacorde con las órdenes del papa Francisco y de la religión católica, que impulsan el perdón y el amor entre prójimos.

La amnistía general decretada en 1993 es la piedra angular de la tan ansiada paz alcanzada por los salvadoreños hace ya más de treinta años.

La anulación de la amnistía en 2016 permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de El Mozote, la matanza de los seis padres jesuitas y el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero de 1980, sin embargo, los gobiernos del FMLN y la mayoría de magistrados de la Corte Suprema que son de línea izquierdista nunca han permitido se judicialicen los casos de secuestros y abominables asesinatos cometidos por la entonces guerrilla, que suman miles.

Crímenes espantosos como la masacre de “Quebrada Seca”, el asesinato de Roque Dalton y de Isabel Casanova, a la par de los secuestros de Fujiro Matsumoto, el sudafricano Archibald Gardner Dunn, los marines de los Estados Unidos en la Zona Rosa, el asesinato de Ernesto Regalado, Mauricio Borgonovo, Roberto Poma, etc., quedarían en la impunidad, lo que no parece importarle al arzobispo Escobar Alas.

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