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Operadores de tregua entre pandillas enfrentarán juicio en marzo

Un grupo de 18 operadores de la tregua que mantuvieron las pandillas en el país entre 2012 y 2014, que fue impulsada por el Gobierno de Mauricio Funes (FMLN/2009-2014), enfrentarán un nuevo juicio en marzo, informó el órgano Judicial.

La fuente precisó que el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador realizará el juicio contra estas personas, incluidos varios funcionarios de las prisiones y el mediador Raúl Mijango, entre el 4 y el 12 de marzo.

Explicó que el proceso será encabezado por el juez suplente del referido tribunal antimafia, dado que la Cámara Especializada de lo Penal anuló el fallo del juicio anterior, que se realizó en la misma corte.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la repetición del juicio en agosto de 2018, tras ratificar la decisión de la cámara de apelaciones.

Según el órgano Judicial, en el primer juicio fueron liberados los procesados porque “quedó demostrado que la tregua fue producto de una política de Estado”, por lo que el juez consideró que “algunos imputados solo obedecieron órdenes”.

Los cargos que estas personas enfrentarán nuevamente son los de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), además de permitir el traslado irregular de los principales líderes de las pandillas de la cárcel de máxima seguridad a otras con menor régimen, permitieron el ingreso de electrodomésticos, teléfonos y la realización de fiestas nudistas en las cárceles.

Entre los procesados también se encuentra el ex director general de Centros Penales Nelson Rauda (2012-2013), quien enfrentará otro juicio por el supuesto manejo irregular de los fondos de las tiendas de las prisiones.

El Gobierno de Funes, asilado actualmente en Nicaragua y procesado por cargos de corrupción, atribuyó al armisticio una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.

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