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Juez pide a Interpol emita difusión roja para que Funes sea capturado y entregado a las autoridades salvadoreñas

El juez 4to de instrucción pidió a la oficina central de la INTERPOL en El Salvador que emita la difusión roja contra el expresidente Mauricio Funes para que sea procesado judicialmente en el país.

La justicia ya busca a Funes para que responda por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Funes, su pareja y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.

De acuerdo al Ministerio Público, Funes, que gobernó el país de 2009 a 2014, pagó y entregó dádivas a un exfiscal a cambio de impunidad, por lo que será procesado por el delito de cohecho activo, que se castiga con seis a diez años de prisión.

A pesar de que ya existe doctrina respecto a que el asilado político no puede ser extraditado a su país de origen, el juez reiteró la petición a la INTERPOL.

Con anterioridad la oficina policial recibió otra solicitud de difusión roja contra Funes pero dicho organismo rechazó la petición por considerar que el ex mandatario goza del privilegio de no extradición por su condición de asilado político otorgado por el gobierno de Nicaragua.

La solicitud anterior fue hecha por el tribunal que conoce de la denuncia contra Funes acusado de malversar 350 millones de dólares del erario público durante su gestión como presidente de la República. Esta segunda petición está vinculada al llamado caso de «corruptela» supuestamente fabricado por el ex fiscal Douglas Meléndez para evitar que el también ex fiscal Luis Martínez recibiera beneficios procesales.

Según la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la administración de Meléndez, Funes formaba parte de una red de corrupción estatal en conjunto con el ex fiscal Luis Martínez, quien actualmente guarda prisión por difundir material reservado en el caso del cura “Padre Toño”, convicto por introducir aparatos electrónicos a materos que guardan prisión y acusado en medios de pedofilia y homosexualidad.

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