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El anillo de corrupción del expresidente Mauricio Funes y la represa El Chaparral

Mauricio Funes Cartagena lavó parte de los dineros que hizo ilícitamente durante su administración en Panamá, Suiza y otros países.

El exmandatario utilizó empresas fachada para blanquear 3,5 millones de dólares recibidos como coima de la empresa italiana Astaldi SpA a cambio de dar 108,5 millones de dólares a la empresa como “premio” por no haber realizado el trabajo de construcción de la represa El Chaparral, en el oriente de El Salvador.

El expresidente Mauricio Funes, que gobernó entre 2009 y 2014 bajo la bandera del FMLN y que ha sido señalado en repetidas ocasiones por corrupción, lavó 3,5 millones de dólares de dinero estatal malversado en empresas fachada en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curaçao, según la Fiscalía salvadoreña.

Funes utilizó algunos fondos de su red de corrupción para fundar la franquicia ‘Latin America Spas’, que tenía presencia en El Salvador, Suiza y Panamá, según el Ministerio Público. La compañía era administrada en El Salvador por Mitchell Guzmán, en esos momentos amante y ahora esposa del expresidente y con quien se encuentra asilado en Nicaragua desde 2016.

Según la nueva acusación fiscal, el expresidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) durante el Gobierno de Funes, Miguel Meléndez (alias Mecafe), y el entonces titular de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour, viajaron en 2012 a Panamá para adquirir una sociedad fachada (Offshore) y abrir una cuenta en el FPB Bank. De acuerdo a las indagaciones del Ministerio Público, Meléndez habría utilizado la estratagema al menos una vez más, tanto en Panamá, así como en las Islas Marshall y Curacao.

Los 3,5 millones de dólares habrían sido entregados al grupo delincuencial liderado por Funes Cartagena por parte de la empresa de capital italiano Astaldi como “dádivas”, por llegar a un “arreglo directo” sobre el fin de un contrato por la construcción de la represa El Chaparral. Astaldi tenía un contrato desde 2008 por casi 220 millones de dólares con el Gobierno para construir dicha represa, pero ésta abandonó la obra por supuestos “imprevistos geológicos”, según investigaciones.

El Gobierno de Funes acordó con Astaldi el pago directo de 108,5 millones de dólares, que incluía la cancelación de “la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional 45,2 millones de dólares, sin existir base legal ni técnica” para el monto extra, aseguran los fiscales. Funes, Meléndez, Samour, Guzman y los representantes de la empresa italiana, José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini, han sido acusados hasta ahora formalmente por este caso. “En julio 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, (los acusados) lograron anular el contrato y desviar entre ellos un monto de 108,5 millones de dólares”, ha sostenido el Ministerio Público.

La inconclusa construcción de la presa El Chaparral

Según archivos de El Chaparral escondidos por la CEL y el gobierno de Funes y que luego salieron a la luz pública, el contrato era “llave en mano” por lo que no admitía pagos adicionales. Por otra parte, según informes periodísticos de 2016, los asesores jurídicos no recomendaron a CEL firmar el “arreglo directo” con Astaldi por los $108.5 millones.

De acuerdo documentos oficiales, los asesores legales, Curtis, Mallest-Prevost, Colt & Mosle, recomendaron a la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) no hacer un “arreglo directo” con la firma italiana Astaldi SpA, sino que la firma debía cumplir el contrato que exigía la entrega de la represa El Chaparral totalmente concluida, sin el pago de sobreprecios, o la CEL debía iniciar un arbitraje.

La obra tenía que ser entregada terminada y si había costos adicionales, tenían que ser asumidos por Astaldi SpA.

Según el contrato, nunca se debió hacer el pago de $108.5 millones por una obra que fue dejada a medias.

El contrato CEL 4143-S para el pproyecto se firmó un 28 de septiembre de 2008 bajo la modalidad “llave en mano”, un esquema de contratación en el que, según el artículo 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el contratista debe hacer desde el diseño detallado de la obra hasta su terminación total.

El despacho Curtis, Mallet-Prevosta, Colt y Mosle planteó a la junta directiva de CEL, según el acta de la sesión 3430 de la junta directiva de CEL, que el contratista había recibido un anticipo de $65.9 millones y que el contrato no preveía ajustes de precios ni órdenes de cambio e incluía cualquier tipo de imprevistos relacionados con su ejecución.

En el contrato se le trasladaba la responsabilidad al contratista de elaborar “ingeniería de detalle, dándole flexibilidad para las variaciones de diseño y obras adicionales que se requieran al enfrentar los problemas técnicos que en la ejecución de se vayan presentando”, es decir estaban contractualmente previstos todos los imprevistos que luego Astaldi plantearía para abandonar la obra.

En noviembre de 2009 el contratista italiano presentó un primer reclamo, considerando que los detalles de la fundación de la presa (el dique) resultaron ser distintos a los descritos en el diseño básico de licitación, lo cual implicaba obras adicionales que aumentarían el costo del megaproyecto y que según Astaldi deberían de ser asumidas por CEL.

Astaldi conocía de la situación de antemano, ya que estaba descrita en las bases de licitación del proyecto, bajo la supervisión de la obra a cargo del asocio colombiano-español Euroestudios-Ingetec.

“Si Astaldi plantea una solución alternativa que sea técnicamente aceptable, esta puede ser implementada pero con cargo a Astaldi conforme al artículo 14 del contrato”, indicaron en su momento los abogados.

Astaldi suspendió las obras aduciendo que detectó dos problemas: una falla en el cauce del río Torola y supuestos desplazamientos registrados entre mayo y junio de 2010, con el desarrollo de las tormentas Agatha y Alex en la margen derecha. En ese momento el cronograma de la obra requería un avance del 52% pero el real era del 23.68%, según la supervisión de Euroestudios-Ingetec, y 34.63%, según la realizada por Astaldi.

El entonces presidente Mauricio Funes informó en octubre de 2013 que le pagaron $108.5 millones a la constructora Astaldi con el argumento de que se cerraba el contrato “Llave en mano” con un 38 % de avance de la obra.

Sin embargo, en el Informe Físico Financiero del Programa Anual de Inversiones, presentado a la Junta Directiva de CEL en septiembre de 2012, definió —con técnicos y supervisores de la autónoma— que sólo se construyó el 29.29 % de la represa El Chaparral.

Las actas incluso reflejan que en la negociación entre ambas partes se hizo una sobreestimación aproximada de un 8.71 %, ya que según el Arreglo Directo y el comunicado conjunto entre CEL y la constructora italiana, el valor a julio de 2012 de la central hidroeléctrica inconclusa era de un 38 %, lo que permitió sustentar el pago de $28.7 millones como cifra definitiva de sobreprecio.

“En relación a la falla parece ser que ésta ya estaba identificada en las bases de licitación, aunque sin determinar su naturaleza geológica. La supervisión de obra incluso nos ha mostrado un mapa incluido en las bases de licitación, en donde la falla ya estaba identificada”, indicaron los abogados de Curtis, Mallet-Prevosta, Colt y Mosle en un documento presentado a la junta de CEL, aún así, el presidente de la junta directiva de la CEL, bajo instrucciones del expresidente Funes, decidió “regalar” a Astaldi la suma millonaria.

$181 millones más

La presa hidroeléctrica El Chaparral terminará costando $181 millones adicionales a su precio original, y será entregada con diez años de retraso.

La obra se estimaba inicialmente en $219 millones, pero según la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la obra costará finalmente $400 millones.

La construcción de la represa El Chaparral ha sido financiada con dos préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de $163 millones y $212.6 millones, más recursos propios de la CEL de $687,168.

En la actualidad, la obra es supervisada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Una vez que la represa esté funcionando al 100%, se espera que generará unos 64 megavatios de energía.

Según el actual presidente del Grupo CEL “Esta será una presa que durará más de 100 años”.

Por Agencia Digital de Noticias -ADN, con información de DiarioLatino.net, El Diario de Hoy y Diario El Mundo.

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