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Vicecanciller niega que salvadoreños migrantes huyan de violencia de pandillas

Magarín duda de que la violencia de las pandillas, que poseen cerca de 70.000 miembros en todo el país, sea la razón principal de este éxodo.

la viceministra para salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, tachó de “leyenda” las razones que esgrimen los migrantes cuscatlecos que, por centenares, marchan en dos caravanas rumbo a EE.UU.

“Decirle a la población salvadoreña que es importante cuidar a los niños, que eso también es responsabilidad de ellos y que no se dejen engañar y que no armen una leyenda para justificar su migración, que seamos honestos”, demandó recientemente Magarín.

La vicecanciller se refería a los 1.778 migrantes que el pasado 31 de octubre salieron en caravana desde San Salvador, de los que 268 desistieron de seguir la marcha y continuaron 1.510, que se encuentran en Guatemala a la espera de cruzar a México, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Otros 500 que salieron el 28 de octubre ya han solicitado asilo en México.

Magarín duda de que la violencia de las pandillas, que poseen cerca de 70.000 miembros en todo el país, sea la razón principal de este éxodo.

“En mi experiencia, todos dicen que van por un problema de seguridad”, pero al ser deportados “la posición de la gente varía”, sostuvo la funcionaria, quien minimizó la importancia de las tasas de violencia que sufre El Salvador y el temor que generan en las familias.

Pero el miedo a la violencia de las pandillas que mueve a esta gente dista de ser un mito.

Las estadísticas oficiales ponen a El Salvador como uno de los más violentos del mundo con tasas de homicidios de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente.

Pese a la sensible reducción de las muertes violentas en estos últimos años, entre enero y octubre pasados fueron asesinadas 2.814 personas, lo que representa una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 42,7, muy superior al índice considerado como epidemia a nivel internacional (por encima de ocho por cada cien mil).

La mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que mantienen un conflicto armado de “baja intensidad” con los cuerpos de seguridad, de acuerdo con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, y viven de las extorsiones a empresarios y ciudadanos.

La organización de derechos humanos centroamericana Cristosal compartió algunos casos recabados durante la marcha de la caravana y que dan cuenta que los migrantes han sufrido violaciones, amenazas de muerte, desplazamiento forzado y extorsiones.

El primer caso, de cuyos protagonistas no brindaron datos por razones de seguridad, se trata de una joven que fue violada por pandilleros y junto a su familia, formada por 12 personas, tuvieron que desplazarse.

La familia comenzó a ser asediada en su nuevo lugar de residencia por la pandilla, por lo que la joven partió, junto a su padre, rumbo a EE.UU en la caravana que salió el 31 de octubre con la esperanza de que al ausentarse ella, la persecución al resto de miembros del clan familiar cese.

Otro caso es el de una mujer a la que pandilleros comenzaron a exigir dinero bajo amenazas de muerte y, ante la escasez de recursos económicos, tuvo que entregar su vivienda.

“Con las escrituras de mi casa negocié mi vida”, comentó la migrante, quien decidió huir del país porque al dejar su casa se llevó todas su pertenencias y esto “molestó” a los pandilleros, según dijo a Cristosal.

La situación económica y de empleo tampoco es favorable en El Salvador, país en el que el 33,4 por ciento de los hogares, que agrupan a 2.559.010 personas, sufren pobreza, de acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2017 del Ministerio de Economía.

“No todos van por falta de trabajo”, aseguró Magarín, quien señaló que “son leyendas que los mismos ‘coyotes’ (traficantes de migrantes) les dicen que argumenten para que puedan ser sujetos de refugio en México y asilo en Estados Unidos”.

La referida encuesta estatal señala que en el país viven 357.969 jóvenes de 15 y 24 años que no estudian ni tienen un trabajo.

“Este grupo llama especialmente la atención, pues están en situación de riesgo al volverse blancos fáciles de grupos delictivos”, reza el documento.

Por otro lado, el desempleo entre la Población Económicamente Activa afecta principalmente a los jóvenes de 16 a 24 años, con el 14,4 por ciento.

Los datos estatales avalan que la situación de violencia, pobreza y desempleo en El Salvador distan de ser la “leyenda” que refiere Magarín.

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