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Fiscalía acusa a presidente Sánchez Cerén del desvío de $14 millones durante administración Funes

Según una revista digital, las actas de consejo de ministros y una cuenta bancaria a su nombre vinculan al gobernante con la sustracción ilegal de parte de los 351 millones de dólares que la Fiscalía asegura fueron desviados hacia fines ilícitos durante el gobierno de Mauricio Funes. La Fiscalía no ha acusado, de momento, al presidente Sánchez Cerén.

El presidente Salvador Sánchez Cerén participó en por lo menos tres sesiones de trabajo en las que la agenda incluyó la aprobación de transferencias de millones de dólares hacia la presidencia de la República durante el gobierno de Mauricio Funes, operaciones que hoy la Fiscalía General de la República (FGR) califica como ilegales y por las cuales ha encausado penalmente al expresidente, contra quien hay vigente una orden internacional de captura, según una información difundida por la revista Factum.

La FGR, además, habría descubierto que durante el pasado gobierno se creó una cuenta bancaria a nombre de Sánchez Cerén que se utilizó para nutrir otra cuenta particular, de la cual colaboradores de Funes extrajeron dinero para posteriormente lavarlo. Esa cuenta a nombre de Sánchez Cerén era ilegal, según las explicaciones que han dado a los investigadores cuatro jefes y un técnico de la Presidencia de la República, más tres altos cargos del Ministerio de Hacienda.

Sánchez Cerén fue vicepresidente y ministro de Educación durante el gobierno de Funes. Su nombre aparece entre las 2 mil 739 páginas del expediente en el que se resume la acusación contra Funes por el presunto desvío de 351 millones de dólares durante su mandato (2009-2014). El Ministerio Público, sin embargo, no ha acusado al actual presidente.

El requerimiento que la Fiscalía presentó a tribunales para respaldar sus órdenes de captura contra Funes y 31 personas más incluye documentación y testimonios que ubican a Sánchez Cerén en tres sesiones de consejo de ministros donde se discutió algunas transferencias hacia la Presidencia de la República que habían sido prohibidas por la Sala de lo Constitucional desde 2010.

Sánchez Cerén por lo menos estuvo al tanto de decisiones que soslayaban la sentencia de la Sala de lo Constitucional y que, según la Fiscalía, fueron parte del desvío de fondos públicos para beneficio particular de Funes, de parientes y amigos suyos, así como de exfuncionarios y empresarios, asegura la revista Factum.

El documento presentado por la Fiscalía el pasado 8 de junio ante el juzgado 5° de paz de San Salvador describe la ruta del dinero desde la cuenta madre de la Presidencia de la República hasta las manos de particulares. Estas transferencias son hiladas con la declaración de más de 100 testigos.

Funes es prófugo de la justicia y goza de asilo político en Nicaragua, desde donde por medio de sus cuentas en redes sociales ha alegado que sufre de persecución política en El Salvador, y que la Fiscalía carece de prueba alguna para sustentar las acusaciones que le hace.

La cuenta ilegal de Sánchez Cerén

El rastreo de la Fiscalía detectó la cuenta número 210240663 del Banco Hipotecario a nombre de “Salvador Sánchez Cerén/Vicepresidencia de la República”. De esta cuenta, nutrida con recursos públicos, salieron por lo menos 93 mil 115.24 dólares hacia una de las dos cuentas de uno de los acusados en la estratagema de peculado y blanqueo de fondos tomados del Estado, Pablo Gómez, llamada “Pablo Gómez / Gastos Operativos de la Presidencia”. Esta cuenta, señala la Fiscalía, se usaba para lavar el dinero y recibió en total 7.4 millones de dólares durante el quinquenio de Funes.

La investigación plantea no solo que la cuenta a nombre del hoy presidente fue parte del esquema de corrupción de la administración Funes, sino que la existencia misma de la cuenta es ilegal.

De acuerdo con la Ley de la Administración Financiera del Estado (Ley AFI), más la explicación que han dado cuatro jefes y un técnico que trabajan en el área financiera de la Presidencia y tres jefes del Ministerio de Hacienda, no pueden existir cuentas a nombres de personas, ni siquiera “mixtas”, es decir, con el nombre de la persona más el cargo.

En la investigación presentada ante el juzgado, la Fiscalía no profundiza sobre la cuenta vinculada al entonces vicepresidente.

Sánchez Cerén y el desvío de $14 millones

En el expediente de la Fiscalía se presenta como parte de las evidencias contra Funes copia de tres actas de consejo de ministros en las que se registró la participación del entonces vicepresidente Sánchez Cerén, quien votó en favor de transferir 19.5 millones de dólares de diversas instituciones del Ejecutivo hacia la Presidencia de la República. De ese monto, un poco más de 14 millones terminaron desviados ilegalmente hacia lo que la Fiscalía llama “partida secreta” del gobierno de Funes.

La Fiscalía reconstruyó lo ocurrido en esas sesiones y asegura que Sánchez Ceré participó “con voz y voto” en favor de transferencias hacia la partida secreta por 14 millones 392 mil 285 dólares.

En agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional había declarado que las transferencias entre carteras de Estado por medio de decisiones administrativas estrictamente del Ejecutivo violaban la Constitución de la República. Los magistrados ordenaron que, a partir de entonces, cualquier transferencia debía ser aprobada por la Asamblea Legislativa. La Fiscalía sostiene que el gobierno de Funes elaboró un mecanismo para burlar esa restricción y a partir de la ley de presupuesto de 2011 se incluyó pequeñas “bolsas” en concepto de “gastos imprevistos” en las instituciones del Ejecutivo con la esperanza de poder ocultar el traslado de fondos de la prohibición de la Sala de lo Constitucional. Eventualmente, el dinero en esas “bolsas” era transferido hacia la partida de gastos reservados de la Presidencia. Lo que aprovechaban era el presunto destino de “gastos imprevistos” de esos fondos para limitar al mínimo la posibilidad de vigilancia sobre su destino.

La Fiscalía señala en su investigación que ni Funes ni Sánchez Cerén firmaban las actas de consejo de ministros en que se aprobaban estos fondos; sin embargo, subraya que las aprobaciones eran “por unanimidad” y que los funcionarios asistían a dichas reuniones “con voz y voto”.

 

Con información Revista Factum

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