Triángulo Norte

Aumentan casi un 60% los desplazamientos forzados El Salvador, Honduras y Guatemala, dice ACNUR

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó esta semana de un "importante aumento del número de personas que huyen de la violencia y la persecución" en el norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala). Según dijo en un comunicado, este incremento fue de casi el 60% entre 2016 y 2017.

ACNUR hace un llamado a la comunidad internacional “para que les brinde protección y ayude a los países del Triángulo Norte de Centroamérica a abordar a su vez las causas primarias de la situación, según un comunicado que resume las palabras de la portavoz de ACNUR, Aikaterini Kitidi, ante el palacio de las naciones de Ginebra, Suiza.

Kitidi aseguró que al terminar 2017 “en todo el mundo se había registrado a más de 294.000 personas solicitantes de asilo y refugiadas procedentes del norte de Centroamérica”.

Estas cifras son, de acuerdo a ACNUR, un 58% más altas que el año anterior y 16 veces más que a finales de 2011.

“Son muchas las personas que se están desplazando en estos momentos y se hallan en grave peligro”, dijo la vocera de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

La mayoría de las personas que huyen de los países del norte de Centroamérica se dirigen a Belice, México y Estados Unidos pero, en los últimos tiempos, está creciendo el número de centroamericanos que van a Costa Rica y Panamá, afirma ACNUR. “Muchas son personas vulnerables como mujeres o niños no acompañados o separados de sus familias”, agregó Kitidi, que dijo que cada vez son más menores.

Una mujer y su hijo, migrantes que formaron parte de la caravana de migrantes de Centroamérica que llegó a Tijuana (México) para pedir asilo en Estados Unidos. (Crédito: GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

Una mujer y su hijo, migrantes que formaron parte de la caravana de migrantes de Centroamérica que llegó a Tijuana (México) para pedir asilo en Estados Unidos.

El caso de Armando

“ACNUR recibe constantemente testimonios de personas que han solicitado protección internacional tras huir del reclutamiento forzado por parte de pandillas criminales así como de amenazas de muerte”, relató la portavoz de ACNUR.

Uno de esos relatos es el de Armando (cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad), un taxista que huyó de Honduras. Según cuenta ACNUR, la suya es una de las profesiones más peligrosas en el país ya que las pandillas (las maras) exigen el llamado “impuesto de guerra” a los conductores de vehículos públicos.

“Todos los días era un desafío ir a trabajar, no sabía si regresaría a mi casa. Pero no tenía otra opción, necesitaba el dinero”, contó el hombre, que acabó huyendo a pie y en autobús hacia Guatemala y, una vez en México, se subió a un tren de carga. Tuvo la mala suerte de que, según el relato de ACNUR, delincuentes lo lanzaron bajo el tren, por lo que perdió una pierna. Armando fue operado, se recupera en un albergue y logró el estatus de refugiado en México.

Una “zona de guerra”

Kitidi puso énfasis en que, conforme salen de sus países, los migrantes “se van enfrentando a numerosos peligros tales como la violencia perpetrada por grupos criminales, que a menudo deja a las mujeres en una situación particularmente vulnerable a la violencia sexual y la explotación”. Ella aseguró que las personas “realizan estos viajes por desesperación” huyendo de homicidios, violencia de género y contra las comunidades LGBTI.

Un informe de mayo de 2018 elaborado por Médicos Sin Fronteras llegaba a la misma conclusión: cada vez son más los que huyen del Triángulo Norte de Centroamérica y estas personas, al salir de sus países, además se convierten en “víctimas de organizaciones criminales que los someten a varios tipos de violencia y abusos, como secuestro, robo, extorsión, tortura y violación”.

El 92,2% de los inmigrantes y refugiados que atendió Médicos Sin Fronteras “sufrieron un evento violento en su país o durante la ruta a través de México”, decía el reporte, que aseguraba que la violencia en el Triángulo Norte “no es diferente de la que se vive en un país en guerra”.

Por todo esto, la agencia de la ONU dijo estar trabajando con gobiernos y diferentes agentes de la sociedad civil “para para establecer un Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS)”. El objetivo es es que los desplazados forzosos puedan “tener acceso a mejores condiciones de acogida y cobijo, procedimientos de asilo más eficaces y eficientes, así como a mejores soluciones tales como garantías de acceso a programas de asistencia social y al mercado laboral”.

ACNUR lamentó que “las necesidades en la región son enormes” y dijo que necesita 36,2 millones de dólares para ser capaz de “proveer protección y asistencia a los afectados por la situación del Norte Centroamérica”. “Hasta ahora sólo se ha recaudado un 12 por cierto de los fondos necesarios”, concluyó.

El aumento de peticiones de asilo desde Centroamérica

294.000 ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que supone un aumento del 58% con respecto a 2016, pero 16 veces más que en 2011, según los datos de la ONU. Las solicitudes para el estatus de refugiado desde 2011 hasta 2017 fueron 350.000, de las que 130.000 fueron cursadas en 2017, un 38% más que el año anterior, informó Naciones Unidas.

Los reportes de la ONU aseguran que el principal país de destino es Estados Unidos: ahí había, hasta 2017, 260.000 refugiados y solicitantes de asilo. Sin embargo, la agencia de la ONU pudo constatar que los desplazados están llegando a nuevos lugares.

“El año pasado hemos observado el nuevo fenómeno de que están llegando más a Costa Rica, Panamá y Belice. Y a México ya no podemos considerarlo como un país de tránsito, sino como un país de destino”, dijo Francesca Fontanini, responsable de comunicación del ACNUR para América, en una nota del 22 de mayo.

Esta afirmación se basa en cifras: México cuenta 12.700 solicitudes de asilo, lo que le hace el segundo país de acogida. Tras él se sitúa Costa Rica, con 3.200 solicitudes; Panamá con 1400; y Nicaragua, con 700.

“Estas personas quieren instalarse, quieren tener la posibilidad de una vida libre de la violencia” y “de momento, no pueden y no quieren volver a su país de origen”, lamentó Fontanini.

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